Decide Bolivia el domingo si nacionalizará el gas

La Paz (EFE, Reuters, AFP, ASN) - A última hora de anoche, las amenazas contra la realización del referéndum del domingo parecían recrudecer en Bolivia. Tras una intensa jornada, las negociaciones entre el gobierno y focos de manifestantes se interrumpieron, y la realización de la consulta vinculante sobre la nacionalización parcial del gas «en boca de pozo» estaba otra vez amenazada.

De los tres principales focos de conflicto, centralizados en la región del Oriente petrolero, uno tiene directa relación con la Argentina. Un grupo de habitantes de la localidad de Santa Rosa del Sara, a 150 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, llegó a cerrar una válvula que regula el transporte del combustible a este país. «El suministro se normalizó» en la tarde de ayer, indicó un vocero del Ministerio de Hidrocarburos, pero tras la interrupción del diálogo nada estaba garantizado para hoy. El perjuicio provisorio fue de «entre tres y cuatro millones de metros cúbicos», casi el total del envío diario. En tanto, también se regularizó el suministro a Brasil, calculado en 18 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La negociación era contra reloj, porque desde la cero de hoy entró a regir la veda electoral que impide las manifestaciones y reuniones políticas, y las restricciones a la venta de alcohol, típica de los días preelectorales.

Ayer, el ambiente logró cierta distensión, aunque nada está garantizado para el domingo. El gobierno movilizó a las fuerzas armadas, pero la poderosa Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que desorienta el dirigente aimara Felipe Quispe, amenazó reiteradamente con boicotear los comicios, porque considera que las «preguntas son tramposas». La CSUTCB tiene el liderazgo dividido con un dirigente próximo al izquierdista Evo Morales, líder de los campesinos del Chapare, quien apoya el referéndum.

• Cortes de ruta

Los conflictos se reducían ayer a tres poblaciones del Oriente, que reclamaban mediante cortes de ruta la titulación de tierras comunitarias, y a campesinos cocaleros de la región de Yungas, próxima a La Paz. Mesa envió a funcionarios a negociar durante todo el día con los manifestantes, que exigían la renuncia del ministro de Asuntos Indígenas, Ricardo Callas.

En ese marco, el gobierno boliviano confirmó ayer el allanamiento de un establecimiento educativo en La Paz, donde las autoridades se incautaron de material inflamable y «panfletería» contra el plebiscito sobre el gas del domingo.

El gobierno someterá al escrutiniode la población, en una consulta de carácter obligatorio y vinculante (aunque el Congreso deberá ratificar los resultados), cinco preguntas referidas al destino de los hidrocarburos. Los puntos en consideración son:

• La derogación de la Ley de Hidrocarburos 1689, sancionada por el derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque la opción afirmativa no implica la caducidad de decenas de contratos firmados con empresas extranjeras, con vigencia de hasta 36 años.

• La nacionalización de los hidrocarburos en «boca de pozo» -actualmente la propiedad estatal es «bajo tierra»-, que permitiría al Estado intervenir en las mediciones de lo extraído y regular los precios, según el gobierno.

• El relanzamiento de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Ello facultaría al Estado a ocupar la plaza que tiene asignada en las empresas producto de la privatización en 1997, y a su vez competir con las privadas.

• La utilización del gas como prenda de negociación con Chile para recuperar la salida al mar de Bolivia.

• La elevación gradual y potencial de los impuestos y regalías por la explotación del gas y el petróleo hasta 50%.

• Exigencias

La convocatoria electoral exige para su validez que acuda al menos 50% de los 4,5 millones de bolivianos habilitados para sufragar, un porcentaje que el gobierno descuenta alcanzar en las principales ciudades: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Algunas encuestas marcan que hasta 70% acudirá a las urnas en esas capitales, pero nada puede afirmarse sobre otras localidades menores. Juega en contra de la consulta el hecho de que los partidos políticos tradicionales, ADN, NFR y MNR, no movilizaron sus aparatos en esta ocasión.

A su vez, el presidente Mesa arrojó en una entrevista resultados tentativos entre 60% y 65% para la opción afirmativa, en un referéndum «en el que no sólo se juega mi futuro sino el de Bolivia», evaluó el mandatario. Morales, del Movimiento Al Socialismo, apoya la opción afirmativa para los tres primeros puntos, y su apoyo es considerado esencial para el éxito de la consulta. Por el «no» llamaron a votar sectores radicalizados y dirigentes de la Confederación de la Industria de Santa Cruz de la Sierra, la más poderosa del país.

Al cierre de esta edición los rumores arreciaban. Una versión periodística alertó sobre un supuesto «plan civil militar de sedición» en marcha, pero el gobierno negó que los servicios de inteligencia hubieran detectado el complot denunciado por el diario «La Prensa».