Las autoridades acusaron a los opositores de atentar contra la seguridad del Estado y los condenaron en juicios sumarios a penas de hasta 28 años de prisión.
Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch los calificaron como «prisioneros de conciencia» y exigieron su inmediata liberación, sumando su voz a la de varios gobiernos y a la Unión Europea (UE), primer socio comercial y principal inversor extranjero en la isla.
Las denuncias no han podido verificarse en forma independiente debido a que en los últimos 15 años no se concede acceso a las cárceles en Cuba, visitadas por última vez en 1988 por representantes de la Cruz Roja Internacional.
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