Diputados italianos endurecen leyes de inmigración
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Tanto el permiso como el contrato serán otorgados por las embajadas o los consulados italianos y tendrá una duración de dos años.
Sin embargo, si el inmigrante se queda sin trabajo antes de expirar este plazo, deberá abandonar el país.
En otra parte del texto, la norma precisa que el gobierno puede fijar a su antojo la cantidad de inmigrantes admitidos cada año, de modo que en algún momento puede decretar que ningún extranjero ingrese al país.
En tanto, legisladores que participaron del debate admitieron que se complicará el reagrupamiento familiar, ya que un inmigrante que tenga trabajo sólo podrá llevar a Italia a sus hijos menores y los mayores sólo si son discapacitados.
Además, a los extranjeros que pidan documentación italiana se les tomarán sus huellas dactilares.
Por su parte, los empleados domésticos podrán regularizar su situación, a razón de una persona por familia.
La ley prevé también que un extranjero que entre a Italia tras haber sido expulsado comete un delito que puede ser penado con entre uno y cuatro años de prisión y que la falsificación de documentos está penada con entre uno y seis años de cárcel.
Mientras, aquellas personas que contribuyan a la entrada de inmigrantes pueden ser condenados a una pena de entre cuatro y 12 años de prisión y una multa de 14.000 dólares por cada inmigrante.
Además, si los inmigrantes son menores de edad destinados a actividades ilegales o a la prostitución, quien colabore en su entrada al país puede ser condenado a una pena de entre cinco o 15 años de prisión y a una multa de 22.000 dólares por cada inmigrante ilegal.




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