El ministro de Justicia del estado de Florida, Bill McCollum, propuso una ley que, de aprobarse, requerirá a los inmigrantes no ciudadanos llevar siempre consigo un documento de identidad o arriesgarse a pasar hasta 20 días en prisión, sumándose así a funcionarios republicanos que reclaman leyes migratorias más duras en medio de la campaña electoral.
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La semana pasada, el fiscal general del estado de Virginia, Ken Cuccinelli, también republicano, emitió una opinión legal -no estrictamente vinculante, aunque puede servir como guía de conducta para la policía- que propuso a las fuerzas de seguridad locales requerir el estatus migratorio de las personas detenidas por cualquier motivo o delito.
La propuesta de McCollum incluye una provisión similar y está también inspirada en la polémica ley avanzada este año en el estado de Arizona, en la frontera con México.
"Florida no será un santuario para los inmigrantes ilegales", afirmó McCollum durante un discurso en Orlando.
McCollum compite en la interna partidaria con el empresario Rick Scott. Ambos quieren ser el candidato republicano para las elecciones para gobernador de noviembre.
La legislación que propuso McCollum "brindará nuevas herramientas para aplicar las leyes, proteger a nuestros ciudadanos y ayudar al estado a combatir los actuales problemas creados por la inmigración ilegal", afirmó.
A fines de julio, en Arizona entró en vigor una ley contra la inmigración ilegal que, en principio, requería a la policía local chequear el estatus legal de las personas detenidas por cualquier motivo, entre otros puntos polémicos.
Sin embargo, una jueza federal suspendió la aplicación de esas provisiones y ahora se espera el desenlace de una batalla legal que puede terminar en la Corte Suprema.
McCollum explicó que la ley que propone establecerá precisamente que la policía local deberá controlar el estatus legal de cualquier detenido.
Además, prevé que los extranjeros en Florida lleven consigo sus documentos migratorios en todo momento. En caso contrario, correrán el riesgo de ser arrestados hasta por veinte días.
Se estima que entre 11 y 12 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, alrededor de un millón de ellos en Florida.
La cuestión de la inmigración ilegal es habitualmente un "caballito de batalla" de los candidatos republicanos, que buscan así congraciarse con el electorado más conservador, habitualmente contrario a la presencia de personas indocumentadas.
El voto de esos conservadores estará en juego en las elecciones de "medio término" de noviembre, cuando se renovará la cámara baja, un tercio del Senado y varios puestos de gobernador en todo el país.
Pero también estará en juego el voto de los hispanos, una de las fuerzas electorales más poderosas detrás de la victoria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en los comicios de 2008 que lo llevaron a la Casa Blanca.
El gobierno de Obama está haciendo avanzar una serie de refuerzos de los controles fronterizos (el martes la cámara baja aprobó un nuevo paquete de 600 millones de dólares con ese objetivo), para satisfacer así los reclamos de los sectores que piden "mano dura" contra la inmigración ilegal.
Pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca asegura estar impulsando una reforma migratoria "integral", que debería abrir el camino para la regularización del estatus de la gran mayoría de los 11 o 12 millones de personas indocumentados.
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