EE.UU. sancionó a países que no dan inmunidad a tropas

George W. Bush

Washington (EFE, ASN) -Estados Unidos suspendió unos u$s 330 millones en ayuda económica a una decena de países, entre ellos Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, por no eximir a los ciudadanos estadounidenses en su territorio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los recortes forman parte de una ley aprobada esta semana, que da un paso más en la campaña de Washington contra este tribunal, y se añaden a la cancelación el año pasado de la asistencia militar a más de 20 países.

En el caso de la Argentina, si bien no reconoció la inmunidad solicitada por la Casa Blanca, el Congreso aprobó una ley marco para el ingreso y salida de tropas, que define que en cada eventual ejercicio conjunto con militares estadounidenses, el Parlamento se expida especialmente sobre el tema. Además, la condición de «aliado permanente» (o extra OTAN) de la Argentina -aunque no sea más que un título formal-, le otorga a este país otro tratamiento por parte del gobierno estadounidense en este aspecto.

Entre los programas suprimidos figuran asignaciones para la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, comprometidas en acuerdos de 1998 en el caso de Perú y Ecuador. México también está amenazado. Si se adhiere a la CPI, como los países de América latina sancionados por EE.UU., dejará de recibir u$s 5,25 millones previstos para la mejora de sus instituciones y su sistema judicial.

EE.UU. se opone a la CPI porque cree que sus ciudadanos -principalmente militares y miembros del gobierno- podrían ser sujetos a juicios con motivaciones políticas.

La CPI es un tribunal que juzga crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, pero únicamente si el país que tiene jurisdicción no lo hace o si su sistema legal en lugar de hacer justicia protege a los acusados.

Washington está usando todo su peso diplomático y económico para presionar a los gobiernos extranjeros para que suscriban acuerdos bilaterales que garanticen que sus ciudadanos nunca serán juzgados por la CPI. En estos convenios, los países se comprometen a no extraditar a La Haya, la sede del tribunal, a los estadounidenses y al personal no estadounidense contratado por su gobierno en su territorio y que sean acusados de los crímenes de lesa humanidad.

En total, 82 países se plegaron públicamente a los deseos de la Casa Blanca, aunque el Departamento de Estado mantiene que otra decena ha firmado estos acuerdos en secreto.

La sanción de EE.UU. de esta semana es otra vuelta de tuerca para lograr aumentar ese número. Muchos de los 97 países que han ratificado el Estatuto de Roma, que creó la CPI, se niegan a firmar los acuerdos que Washington exige porque creen que prometer la inmunidad a los estadounidenses viola los compromisos que asumieron al adherirse al Tribunal.

El año pasado, EE.UU. ya había cancelado la ayuda militar directa a Ecuador y Perú.

Los miembros de la OTAN no se vieron afectados, ya que la administración Bush hizo una excepción con ellos el año pasado. La ley aprobada esta semana también permite al Presidente no suspender la ayuda económica a los países de la Alianza Atlántica y otros «aliados principales», como la Argentina y Australia.

La medida, denominada «Enmienda Nethercutt» por el legislador republicano que la ideó, George Nethercutt, está contenida en una ley de gasto más amplia aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente George W. Bush el pasado martes.