El gobierno de Pedro Sánchez avanzó con una nueva política de regularización extraordinaria de los inmigrantes que se encuentre fuera del marco legal. En esta ocasión, mediante el Real Decreto 316/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado, se introdujeron cambios en el Reglamento de Extranjería con el objetivo de fomentar que personas sin documentación pueda acceder a permisos de residencia y trabajo en España y podría alcanzar a más de 40.000 argentinos.
El gobierno español lanzó una medida que puede beneficiar a más de 40.000 argentinos sin papeles
En detalle, la gestión de Pedro Sánchez introdujo cambios en el Reglamento de Extranjería con el objetivo de fomentar la regularización de los inmigrantes.
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Es la séptima instancia de regularización que lanza españa en los últimos años.
La medida podría favorecer a miles de argentinos que se encuentran bajo la irregularidad: según un informe del centro de estudios Funcas, a comienzos de 2025 había 148.585 argentinos registrados en el país, de los que 106.139 con situación regular y 42.446 sin papeles.
España busca regularizar a sus inmigrantes
La medida anunciada el pasado martes se trata de la séptima regularización de este tipo en España. Desde mañana se podrán iniciar los trámites de forma online, mientras que la semana próxima quedará habilitada la vía presencial.
“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, expresó el mandatario español en X.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”. En la vereda opuesta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la iniciativa como un “disparate”.
Los requisitos
El decreto establece condiciones similares para los principales grupos alcanzados: solicitantes de asilo que hayan iniciado el trámite antes del 1 de enero y personas en situación irregular que ya se encontraban en España antes de esa fecha.
- Ser mayor de edad.
- Acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el país antes de la solicitud.
- Presentar documento identificativo (vigente o vencido).
- No contar con antecedentes penales en España ni en los países donde haya residido en los últimos cinco años.
- Abonar la tasa correspondiente.
En el caso de quienes no solicitaron asilo, además deberán cumplir al menos una de estas condiciones:
- Tener empleo o una oferta laboral.
- Contar con hijos menores o dependientes a cargo, o padres convivientes.
- Acreditar una situación de vulnerabilidad.
La permanencia en el país podrá justificarse “mediante cualquier prueba válida en derecho” que permita verificar la identidad del solicitante. En los casos de vulnerabilidad, se requerirá un informe emitido por servicios sociales o entidades habilitadas.
Regularización de inmigrantes en España: los alcances de la medida
Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario dispondrá de un mes para tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). El permiso tendrá una duración inicial de un año y habilitará a trabajar tanto en relación de dependencia como de forma autónoma en todo el territorio español.
El esquema contempla que, pasado ese período, los beneficiarios puedan migrar a otros permisos previstos en la normativa. En caso de no cumplir con esos requisitos, podrán solicitar una prórroga por un año adicional, acreditando búsqueda activa de empleo o un informe de integración que certifique, entre otros aspectos, el aprendizaje del idioma.
Para quienes no puedan trabajar por motivos como enfermedad grave, discapacidad o jubilación, se prevé una extensión excepcional de hasta cuatro años.
En paralelo, el decreto permite incluir a hijos menores o dependientes en la solicitud, con autorizaciones que en esos casos se extenderán hasta cinco años.
Antecedentes penales y resolución
En materia de antecedentes, se deberá presentar el certificado correspondiente. Si el país de origen no responde en un mes, el Gobierno español gestionará el trámite por vía diplomática. Si tampoco hay respuesta en tres meses, se notificará al interesado y, tras un plazo adicional de 15 días, se dará por desistida la solicitud.
Las resoluciones estarán a cargo de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, con un plazo máximo de tres meses. Desde la admisión del trámite, los solicitantes quedarán habilitados de manera provisoria para residir y trabajar en España.
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