La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen dejó una señal que va más allá de la foto de los tres presidentes. Por primera vez, los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia participaron de una cumbre trilateral formal y suscribieron una declaración conjunta sobre el orden internacional. El documento es breve y no contiene compromisos vinculantes, pero expresa una coincidencia política relevante entre gobiernos cuyos intereses estratégicos siguen siendo diferentes: la voluntad de revisar las reglas que condicionan el ejercicio del poder.
El encuentro se produjo en un momento de creciente fragmentación internacional. La guerra en Ucrania continúa sin una salida negociada, las tensiones en Medio Oriente comprometen la seguridad energética y la competencia entre Washington y Pekín se extiende al comercio, la tecnología y la inteligencia artificial. En ese escenario, las instituciones multilaterales encuentran cada vez más dificultades para contener los conflictos y hacer cumplir sus decisiones. Shenzhen permitió observar cómo las principales potencias se posicionan frente a esa transformación.
Ejes de la reunión de Shenzhen
Los cuatro puntos de la declaración final ofrecen una primera aproximación. Los gobiernos se comprometieron a promover una reforma de Naciones Unidas, garantizar la estabilidad de los flujos energéticos, respetar la inmunidad de los funcionarios estatales y mantener el diálogo para reducir los riesgos nucleares. La formulación es general, pero hay una cuestión especialmente significativa: tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad coinciden en reclamar cambios en el sistema internacional sin precisar qué privilegios estarían dispuestos a revisar.
La discusión sobre la justicia internacional revela una convergencia todavía más delicada. Los tres mandatarios sostuvieron que la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal creado para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y organismos similares no deben abusar de su jurisdicción. La posición tiene una dimensión jurídica, vinculada con la soberanía y el consentimiento de los Estados, pero también una dimensión política.
Ninguno de los tres países reconoce la jurisdicción general de la Corte a través del tratado internacional que la creó. Además, Rusia enfrenta una orden de arresto de la CPI contra Putin por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos. La declaración no modifica las competencias del tribunal ni deja sin efecto esa orden, pero expresa una posición común frente a la posibilidad de que la justicia internacional alcance a sus gobernantes.
Hay un acontecimiento reciente que permite comprender mejor la dimensión de esta discusión. El 9 de octubre, el Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz a Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana y exjueza de la CPI, por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. Al anunciar el reconocimiento, el Comité advirtió sobre la presión que enfrentan las instituciones encargadas de sostener el orden jurídico internacional y la necesidad de defender la justicia y la rendición de cuentas.
La comparación con Shenzhen permite advertir esta tensión. Mientras el Nobel reivindicó la trayectoria de una mujer que dedicó su carrera a fortalecer la justicia internacional, los tres presidentes cuestionaron los alcances de una de sus principales instituciones. La administración Trump, además, impuso sanciones contra funcionarios de la CPI por investigaciones que afectan a ciudadanos estadounidenses y aliados de Washington. La discusión ya no pertenece exclusivamente al ámbito jurídico. Está en juego la capacidad de las instituciones internacionales para exigir responsabilidades a los Estados más poderosos.
La reforma de Naciones Unidas presenta otra contradicción. Estados Unidos, Rusia y China concentran tres de los cinco asientos permanentes del Consejo de Seguridad y disponen de poder de veto. Esa arquitectura les garantiza una influencia decisiva sobre las cuestiones centrales de paz y seguridad. Sin embargo, el documento no propone revisar el veto ni ampliar la representación de regiones como África y América Latina, que reclaman desde hace décadas una participación más acorde con su peso internacional. La reforma aparece como una necesidad compartida, aunque todavía no existe una definición sobre cómo distribuir el poder dentro del sistema.
La cuestión nuclear tampoco produjo avances sustantivos. Los tres mandatarios reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, una fórmula que los cinco miembros permanentes ya habían acordado en 2022. También anunciaron un diálogo para reducir riesgos, pero no establecieron compromisos de desarme. La expiración del tratado New START entre Washington y Moscú, en febrero de 2026, dejó además un vacío en los mecanismos bilaterales de control de armamentos. Trump pretende incorporar a China a futuras negociaciones, pero Pekín sostiene que éstos deben reducir primero sus arsenales, considerablemente superiores al suyo.
Detrás de la declaración también se despliegan estrategias diferentes. Por un lado, Xi Jinping consiguió situar a su país como anfitrión de un encuentro de alto impacto y reforzar su pretensión de ocupar un lugar central en la diplomacia global. En tanto, Putin obtuvo reconocimiento internacional y una oportunidad para discutir con Trump sin asumir concesiones sobre Ucrania. Mientras que para el presidente estadounidense, la reunión permitió exhibir capacidad de interlocución con sus principales competidores, aunque no consiguió avances concretos sobre los asuntos más sensibles de la agenda.
La relación entre los tres tampoco debe confundirse con la formación de un bloque. Durante la Guerra Fría, Washington había logrado aprovechar la rivalidad entre China y la Unión Soviética para mejorar su posición frente a Moscú. La apertura impulsada por Richard Nixon y Henry Kissinger en los años setenta permitió a Estados Unidos ocupar un lugar central en ese triángulo diplomático y utilizar sus vínculos con Beijing como instrumento de negociación con el Kremlin.
Un escenario actual distinto
La estrecha relación entre China y Rusia reduce las posibilidades de Washington de aprovechar las diferencias entre ambas potencias, como hizo durante la Guerra Fría. A esto se suma una política exterior de Trump que, al privilegiar acuerdos transaccionales y poner en cuestión compromisos con sus aliados, dificulta la construcción de respaldos internacionales. Estados Unidos conserva un enorme poder, pero su capacidad para convertirlo en influencia diplomática enfrenta mayores obstáculos.
Las tensiones de esta dinámica se reflejan en Ucrania. Putin invocó la Conferencia de Yalta de 1945, donde las potencias aliadas negociaron la organización de la Europa de posguerra, y sostuvo que los conflictos actuales también deberán reconocer las realidades sobre el terreno. La referencia apunta a legitimar el control ruso sobre los territorios ocupados y a reivindicar un lugar para Moscú en la definición de la futura seguridad europea. La declaración de Shenzhen no menciona la guerra, mientras los gobiernos europeos reclaman participar de cualquier negociación que comprometa la seguridad del continente. El temor es que las grandes potencias terminen decidiendo el futuro de Ucrania sin los propios ucranianos.
La reunión trilateral, celebrada en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen, no inauguró un nuevo orden mundial ni estableció un directorio de tres potencias. Sus protagonistas siguen compitiendo y sus intereses no siempre coinciden. Sin embargo, dejó expuesta una transformación que merece atención: las relaciones de fuerza recuperan protagonismo frente a las instituciones que durante décadas buscaron contenerlas.
Las reglas internacionales siguen vigentes, pero cada vez resulta más difícil hacerlas respetar cuando quienes tienen mayor poder para hacerlo también cuestionan su autoridad. El problema es que, en ese escenario, los países con menos capacidad para defender sus intereses quedan cada vez más expuestos. ¿Quién los protege cuando las grandes potencias deciden que las reglas también pueden negociarse?