Escándalo en Colombia por corrupción militar

Bogotá (AFP, EFE, ASN) - Un escándalo de corrupción, que involucra a 147 militares colombianos, estalló en Colombia cuando el comandante del ejército, general Carlos Ospina, denunció que los uniformados se apropiaron de una enorme suma de dinero perteneciente a la guerrilla de las FARC, calculada por los medios de prensa en alrededor de 14 millones de dólares.

Tres oficiales, 16 suboficiales y 23 soldados fueron capturados y otros 105 están prófugos por los hechos ocurridos el pasado 18 de abril, cuando los uniformados descubrieron un escondite con varios recipientes llenos de dinero pertenecientes a las FARC, en una operación desarrollada en inmediaciones a la selvática localidad sureña de San Vicente del Caguán.

«Es difícil tener que salir ante la opinión pública para reconocer un hecho tan lamentable como éste, pero, como comandante del ejército, no puedo permitir que sucedan estas cosas, que personas a las que se les han confiado misiones y responsabilidades actúen de esta manera y engañen al país», dijo Ospina.

Ospina señaló que una parte «mínima» del dinero robado se pudo recuperar, pero reconoció que desconoce la cifra exacta que fue encontrada por los militares en el escondite, que, según versiones de prensa, ascendería a unos 42.000 millones de pesos (14 millones de dólares).

El comandante del ejército atribuyó a «actitudes extrañas» de los uniformados implicados el inicio de la investigación, ya que, indicó, una vez evacuados de la zona de operaciones a la ciudad de Popayán (645 km al sudeste de Bogotá), presentaron algunos comportamientos disciplinarios injustificados, y otros invirtieron parte del dinero en la compra de costosos electrodomésticos y joyas.

El escándalo se produce pocos días después de que el presidente Alvaro Uribe manifestara la necesidad de cerrar filas en torno al combate contra los grupos irregulares, las guerrilleras FARC y ELN y los paramilitares de extrema derecha.

• Estatuto antiterrorista

Por otra parte, la Cámara de Representantes (baja) de Colombia aprobó ayer un proyecto de estatuto antiterrorista que otorga facultades a las autoridades para restringir algunos derechos ciudadanos en su combate contra el terrorismo, que ahora deberá ser refrendado por el Senado.

El estatuto antiterrorista les permite a las autoridades interceptar todo tipo de comunicaciones, realizar detenciones y registros domiciliarios sin previa orden judicial, en tanto que las fuerzas militares podrán tener facultades de policía judicial en algunos casos.

Pero la organización Amnistía Internacional (AI), en un comunicado divulgado ayer, criticó el proyecto y expresó su «consternación» por la aprobación de éste, ya que «la medida tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos humanos».