Escándalo "parapolítico" cobró cabeza de canciller colombiana

La ahora ex canciller María Consuelo Araujo. El presidente Alvaro Uribe la desligó de la polémica: «Ella es ajena a los hechos delictivos», aseguró.

Bogotá (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La canciller colombiana, María Consuelo Araujo, renunció ayer y se convirtió en la primera víctima en el gobierno de Alvaro Uribe por el escándalo de nexos de políticos con paramilitares, que ya llevó a la cárcel a ocho legisladores oficialistas, entre ellos el hermano de la ministra.

«Tomé la decisión y me voy del gobierno. Me voy por una razón: porque no siento apego por ningún cargo sino por los resultados que benefician al país», dijo Araujo al presentar su renuncia ante la prensa, en el palacio presidencial, sin aceptar preguntas.

«No estoy atada a ningún cargo pero, en cambio, veo claramente la necesidad de que el proceso judicial ( contra mi familia) esté libre de interferencias. La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarlos como hija y como hermana», añadió.

El jueves, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener a seis congresistas de la coalición que respalda al presidente Uribe, entre ellos el senador Alvaro Araujo, hermano de la canciller, lo que generó una oleada de pronunciamientos reclamando la renuncia de la funcionaria.

La Corte también pidió a la fiscalía que se investigue al padre de la funcionaria por su relación con un secuestro realizado por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como a su primo, Hernando Molina, gobernador del departamento de César (norte).

En setiembre, cuando se habían revelado las primeras denuncias que lo vinculaban a paramilitares, Alvaro Araujo aseguró que las investigaciones tenían el propósito de afectar al gobierno. «Si vienen por mí, vienen por la 'Conchi' (su hermana) y vienen por el presidente Uribe», señaló el legislador.

Imagen

La dimisión de Araujo se produjo pese a la férrea defensa de Uribe, quien siempre fue renuente a salir de su joven canciller. «Ella es ajena a los hechos delictivos que se están investigando», sostuvo el sábado el presidente, añadiendo que «por razones de imagen (en el exterior) no se puede culpar a inocentes».

El mandatario respondió así a dirigentes de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático, columnistas de prensa e incluso sectores en el seno del mismo gobierno que arreciaron sus pedidos de dimisión, haciendo insostenible la situación para la ministra. Horas después, el presidente nombró para el cargo a Fernando Araujo Perdomo, un ex ministro que estuvo secuestrado por las FARC más de seis años.

La renuncia «era, desde el principio, la única alternativa y solución posible. El gobierno de Uribe se está deslegitimando. A medida que se adviertan nuevos nexos (de políticos con paramilitares) se deslegitimará aun mas», comentó Carlos Gaviria, ex candidato presidencialdel Polo Democrático. A su turno, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó como una «decisión gallarda, responsable y generosa» la renuncia. «Creo que era lo que le tocaba hacer y la felicito», añadió.

Araujo, de 36 años, fue la mujer más joven en ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, que asumió en agosto cuando Uribe inició su segundo período de cuatro años. Anteriormente se había desempeñado como ministra de Cultura.

El escándalo por nexos entre políticos y paramilitares llevó al senador opositor Gustavo Petro -también del Polo Democrático y promotor en el Congreso de un debate contra la canciller y su hermano, hace dos meses- a pedir que se realicen nuevas elecciones legislativas.

Esa propuesta fue rechazada por el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín. «En una crisis como la actual, lo mejor para el país es que sus instituciones funcionen demostrando a la comunidad internacional y al pueblo colombiano que puede salir adelante», dijo Holguín. Los líderes de las AUC permanecen en una cárcel, tras culminar en abril la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios judiciales, como penas máximas de ocho años para sus crímenes.

Fueron justamente los documentos encontrados en la computadora de uno de ellos, Rodrigo Tovar (alias «Jorge 40»), los que comprometieron a decenas de políticos de la costa del Caribe con las AUC y con algunas masacres de campesinos.