El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoso anunció que el gobierno que comanda Mariano Rajoy reformará la Ley de Transparencia para exigir "responsabilidades penales" a los gestores públicos que incumplan el objetivo de déficit.
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Un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", subrayó Montoro en una entrevista concedida a la emisora de radio Cadena Ser. "Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que se vuelven impagables", afirmó el ministro.
"Si un gobierno quiere gastar más, deberá subir los impuestos y pasar luego por las urnas. No puede faltar transparencia ni acumular deudas que luego se vuelvan impagables", recalcó Montoro.
El responsable de Finanzas señaló que este "es un momento muy importante, crítico y difícil y es muy positivo que las administraciones se comprometan con la reducción del déficit para generar confianza ante socios e inversores".
El gobierno de Rajoy, que asumió el pasado 22 de diciembre, se ha fijado como máxima prioridad reducir el abultado déficit público, tanto del Estado como de las comunidades autónomas y los municipios.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dejó, según cálculos del equipo de Rajoy, un déficit público de alrededor de un ocho por ciento del producto interior bruto, dos puntos porcentuales por encima del objetivo fijado para finales de 2011. España tiene que reducir el déficit a un 4,4 por ciento en 2012 y a un tres por ciento en 2013, según los compromisos pactados con la Comisión Europea.
El déficit es producto, en gran parte, del gasto excesivo de los gobiernos regionales y municipales, a los que el Ejecutivo de Rajoy ha enviado en las últimas semanas varios mensajes de advertencia para que garanticen la estabilidad presupuestaria reduciendo, entre otras medidas, el número de órganos administrativos.
Ante los graves problemas de liquidez que afrontan varias comunidades autónomas, el gobierno de Rajoy ampliará de cinco a diez años el plazo para que estas devuelvan sus deudas con el Estado correspondientes a los años 2008 y 2009, que suman unos 31.000 millones de euros. Al respecto, Montoro aseguró que la ampliación de ese plazo será aprobada en las próximas semanas.
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