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La ANP considera responsables a la Yihad Islámica y a Hamás del deterioro de la situación en la zona y del desmoronamiento de la tregua del 29 de junio, al enviar a Jerusalén a un terrorista suicida que ayer mató a una veintena de israelíes e hirió a más de cien.
Israel, que ha suspendido los contactos diplomáticos con la ANP, amenazó hoy con que su Ejército responderá al atentado si Abu Mazen no da pasos serios e inmediatos en la lucha contra las milicias.
El gobierno de este país también está reunido hoy en formato reducido para estudiar las medidas de represalia por el atentado.
El atentado ocurrió cuando Abu Mazen estaba reunido en Gaza con dirigentes de la Yihad Islámica, organización con la que ha cortado todas las relaciones, medida también aplicada a Hamas.
"El atentado en Jerusalén ensombrece la lucha del pueblo palestino y su compromiso con la última iniciativa de paz del Cuarteto de Madrid, la Hoja de Ruta", dijo Nabil Amer, ministro de Información de la ANP, al concluir la reunión del Gobierno palestino, que duró menos de dos horas.
Amer aseguró que las medidas de la ANP son "inmediatas" y de carácter "político" y "militar", aunque declinó confirmar si Abu Mazen ha ordenado una ola de arrestos.
Sí confirmó, por el contrario, que dichas medidas afectarán exclusivamente a Hamás y a la Yihad Islámica.
A la vez, el ministro exhortó a Israel a no cumplir sus amenazas de represalia para no empeorar las cosas y derrumbar con ello el proceso diplomático iniciado en Aqaba el 4 de junio.
Otras fuentes y medios de prensa han informado que entre las medidas que el gobierno palestino ha decidido se hallan la de prohibir a la prensa local transmitir imágenes o discursos de los dirigentes de los dos movimientos islámicos, así como el cierre de sus instituciones.
Hasta ahora ninguna fuente oficial ha confirmado las medidas adoptadas esta noche por el gobierno palestino, que aún dependen de la ratificación de la OLP.
Observadores palestinos dijeron que Abu Mazen quiere que la OLP las ratifique para que sean inapelables desde el punto de vista jurídico, al saber que su gobierno no cuenta con la legitimidad del pueblo por no haber sido elegido en elecciones libres.
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