Al menos 29 personas murieron hoy por ataques de rebeldes, que asaltaron pueblos, saquearon negocios y quemaron viviendas en el sur de Filipinas, antes de que las tropas del gobierno pudieran expulsarlos, informaron fuentes militares y policiales.
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Al menos 23 civiles y cuatro soldados, incluyendo un teniente coronel, murieron en los ataques perpetrados por rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) en la provincia de Lanao del Norte, 810 kilómetros al sur de Manila, informó el general Hilario Atendido.
En la provincia de Sarangani, también en la isla de Mindanao, dos civiles murieron en la ciudad de Maasim, informó una fuente policial regional.
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, condenó los ataques y ordenó a la policía y al Ejército que "defiendan cada palmo de territorio filipino" contra la acción de la guerrilla. "No toleraremos y aplastaremos cualquier intento de perturbar la paz y el desarrollo en Mindanao", dijo en un discurso a la nación.
Tras el ataque a cinco ciudades en Lanao Norte y una ciudad en Sarangani, soldados y funcionarios de la policía lograron expulsar a los rebeles del FMLI.
El general Alexander Yano, jefe de Estado Mayor de las fuerzas filipinas, indicó que los ataques constituyen una "virtual declaración de guerra contra el gobierno".
Antes del amanecer, más de 300 milicianos asaltaron cinco ciudades en Lanao del Norte, donde incendiaron casas, tomaron bancos y edificios de gobierno. En Kolambugan, los rebeldes tendieron una emboscada a un autobús de pasajeros y mataron a 14 personas.
"Las Fuerzas Armadas de Filipinas no deberían permitir que esto pase", dijo el militar en conferencia de prensa en Manila. "Estamos llevando a cabo un operativo militar para detener estas atrocidades", añadió.
Las hostilidades comenzaron el domingo con la muerte de cuatro soldados y cuatro milicianos del gobierno en una emboscada rebelde cerca de la provincia Lanao del Sur.
Estos ataques tienen lugar dos semanas después de que la Corte Suprema detuviera la firma de un acuerdo entre el FMLI y el gobierno. Políticos católicos denunciaron que el documento violaba la Constitución nacional e implicaba la cesión de la soberanía del sur del país a los rebeldes.
