Una marcha, convocada por el partido gobernante, la central obrera y organizaciones humanitarias de Uruguay, se realizará este lunes en Montevideo en rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura (1973-85).
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La manifestación, cuyo comienzo está previsto para las 18 (misma hora en la Argentina), fue convocada por la coalición izquierdista gobernante Frente Amplio (FA) y cuenta con la adhesión de la central sindical PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
La marcha, que será silenciosa, será una protesta por la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.
Si bien la decisión de la SCJ sólo se refiere al caso que involucra a quienes interpusieron el recurso, es opinión extendida entre juristas que propiciará el archivo de todas las causas relacionadas con aquella época, reconocieron fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias EFE.
Incluso se considera posible que quienes están encarcelados cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura puedan ser liberados como consecuencia de la resolución de la SCJ, advirtió Graciela Figueredo, abogada de ex militares y policías retirados, según publicó hoy el diario El Observador.
Además de la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a la que acusan de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay".
El caso tiene lugar en un contexto de tensión entre el gobierno y sus aliados, por un lado, y la SCJ, por el otro.
También la semana pasada, el máximo tribunal declaró inconstitucional una ley impulsada por el oficialismo que pretendía evitar la concentración de la tierra en el país, y el 15 de este mes trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con la última dictadura.
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