El gremio, que dice haber perdido ese 47% de poder adquisitivo desde 1999, logró así el respaldo de los minoritarios sectores marxistas del PT para «luchar» contra la política económica de austeridad anunciada por el gobierno del socialista Lula. Paralelamente, se declaró en defensa del actual sistema de previsión social para el sector, calificado como de «privilegio» por los observadores, lo que prenuncia otro choque con un gobierno decidido a encarar esa reforma.
El año pasado, el sistema previsional tuvo un déficit global de 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones correspondieron al sector público. Este sector cuenta con 3 millones de jubilados frente a 20 millones del sector privado.
En lo que respecta al conflicto salarial, el presidente, un ex sindicalista que dedicó su vida política a luchar por los asalariados, ha nombrado una comisión especial para que analice el caso de los empleados públicos, pero sin abrir mucho espacio para negociar.
Lula, junto con su equipo económico, ha decidido aplicar severos recortes al presupuesto nacional para este año, pese a que ya lo consideraba estrecho, debido al delicado escenario económico mundial y sus previsibles consecuencias en Brasil.
Hasta ahora, a raíz de desequilibrios internos y el efecto de la crisis económica global, esas consecuencias se han traducido en un brote inflacionario que el año pasado llevó la tasa a 12,53%, con tendencia a mantenerse o a seguir subiendo en un escenario con tasas de interés crecientes.
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