El prefecto de
Santa Cruz,
Rubén
Costas, está
acusado por
el Ministerio
de Gobierno
de instigar los
hechos de
violencia de
setiembre
pasado,
cuando fueron
incendiadas
varias instituciones
públicas en la
capital del
departamento.
La Paz (AFP, DPA) - El gobierno boliviano anunció su intención de acusar al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición al presidente Evo Morales, como instigador de violencia política, tras la detención de líderes cívicos acusados de esos mismos delitos.
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El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, aseguró que «hay elementos presentados ante una comisión especial de fiscales con respecto a Rubén Costas», y agregó que será esta comisión la que determinará «si son suficientes para hacer la imputación formal».
El funcionario, citado por el diario «La Razón», se refirió a los hechos sucedidos en setiembre pasado, cuando la violencia política se desbordó en varias regiones opositoras y especialmente en Santa Cruz, donde grupos radicales tomaron e incendiaron varias instituciones públicas.
Para el gobierno boliviano los prefectos opositores de cinco de los nueve departamentos fueron los supuestos promotores de estos actos que estallaron el 11 de setiembre en el departamento de Pando, y que causaron la muerte de al menos una treintena de campesinos, según denuncias. Por esos decesos el prefecto opositor Leopoldo Fernández fue recluido en una cárcel de La Paz donde permanece a la espera de un juicio ordinario.
Detenciones
También fueron detenidos otros líderes opositores, entre ellos el máximo dirigente civil del departamento de Tarija, Reynaldo Bayard, que el pasado domingo fue recluido en la cárcel de La Paz acusado por el incendio de un gasoducto en el sudeste, por el que se transporta el carburante a Brasil y la Argentina.
Rada ratificó que por ese atentado se presentó una querella penal contra el poderoso líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic. «Un dirigente cívico de Tarija lo acusó de haber sido quien trasladó la dinamita al Chaco, que se utilizó en el atentado al gasoducto. No sólo está implicado ideológicamente en el hecho», puntualizó.
Los dirigentes cívicos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazaron las acusaciones y acusaron a Morales de llevar adelante una persecución política ante la cercanía del referendo que se realizará en enero.
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