India exige a los fabricantes de teléfonos preinstalar una aplicación de ciberseguridad del Estado

Se trata de Sanchar Saathi, una aplicación que permite rastrear y bloquear celulares robados, entre otras funcionalidades. La decisión despertó un fuerte debate acerca de la privacidad digital en el país.

El gobierno de India oficializó una medida en la que exige que todos los fabricantes de celulares preinstalen Sanchar Saathi, una aplicación estatal de ciberseguridad. La normativa generó revuelo en la oposición y expertos tecnológicos, quienes aseguran que, de volverse efectiva, abre la puerta a un nuevo nivel de vigilancia digital.

La decisión fue detallada por el Ministerio de Telecomunicaciones, que justificó la medida como una respuesta al aumento de fraudes, delitos informáticos, hackeos y robos de dispositivos utilizados luego para estafas. Algunos gigantes tecnológicos, como Apple, adelantaron que no cumplirán con la nueva normativa.

India exige preinstalar una aplicación de ciberseguridad estatal y despierta el debate por la privacidad digital

El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, explicó que la aplicación vendrá instalada en los teléfonos celulares, pero que puede ser desinstalada por el usuario, en caso de querer hacerlo. “Es como con el resto de aplicaciones. Cuando compras un teléfono, muchos vienen con Google Maps. Si no quieres usarlo, lo puedes borrar”, argumentó.

La comparación, no obstante, generó más dudas: en Android, por ejemplo, Google Maps no puede borrarse por completo, solo desactivarse. Scindia insistió en que la prioridad oficial es informar a la ciudadanía: “No todo el mundo sabe ahora mismo que existe una aplicación que puede protegerle del fraude y es nuestra obligación difundir esta información”.

El gobierno de Narenda Modi oficializó la medida y se defiende de las críticas de la oposición.

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La directiva - fechada el 28 de noviembre y adelantada por Reuters - ordena que Sanchar Saathi esté instalada, visible y en funcionamiento desde el primer uso de cada dispositivo nuevo. Además, exige que sus funciones no puedan ser desactivadas y fija un plazo de 90 días para que los fabricantes implementen la medida. Un segundo plazo, de 120 días, obliga a las empresas a presentar un informe de cumplimiento.

El Gobierno también “recomienda” distribuir la app en los modelos ya fabricados mediante actualizaciones de software.

Según la descripción oficial, la aplicación permite verificar la autenticidad de un equipo mediante el IMEI, rastrear y bloquear celulares robados, evitar su reutilización, detectar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas o enlaces maliciosos.

Las críticas de la oposición

Las críticas a la medida no tardaron en llegar. Dirigentes opositores y organizaciones de privacidad advierten que la obligación de preinstalar una app estatal abre una ventana de acceso directo a los 730 millones de smartphones activos en la India.

El Partido del Congreso - principal actor de la oposición - calificó la decisión como “inconstitucional” y pidió su inmediata suspensión. En este sentido, su secretario general, K. C. Venugopal, fue contundente: una aplicación gubernamental imposible de borrar sería “una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano” y denunció que "el Gran Hermano" no puede vigilarlos.

El Congreso además recordó que ignorar la orden puede derivar en sanciones bajo la Ley de Telecomunicaciones de 2023 y las Normas de Ciberseguridad de 2024, que habilitan desde multas hasta el retiro de dispositivos con identificación adulterada.

La resistencia de los gigantes tecnológicos

Las resistencias también se hicieron presentes en el frente empresarial. Según consignó Reuters, Apple ya adelantó que no acatará la medida y que informará al Gobierno que no cumple este tipo de mandatos en ningún país, por los riesgos que implican para la seguridad del ecosistema iOS. La orden llega en un momento delicado para la compañía, que enfrenta en India un litigio antimonopolio con multas potenciales por u$s38.000 millones.

Apple ya adelantó que no acatará la medida y detalló que no cumple este tipo de mandatos en ningún país.

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Otras firmas, entre ellas Samsung, están revisando la directiva mientras evalúan cómo implementarla sin comprometer su propio software, según otra fuente consultada por la misma agencia.