Terremoto político en España tras el autoexilio del rey Juan Carlos

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En el comunicado difundido por la Casa Real no se informa su destino. La defensa del Gobierno de Pedro Sánchez a la decisión generó cortocircuitos con su base aliada.

Madrid - El rey emérito de España, Juan Carlos I, comunicó ayer a su hijo y actual monarca, Felipe VI, que abandona el país, una decisión histórica que convulsionó la política española en medio del avance de la investigación sobre sus cuentas en Suiza con dinero presuntamente procedente de coimas sauditas.

“Es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”, explicó el exmonarca en una carta que reprodujo la Casa Real en un comunicado.

Desde hace semanas, el gobierno de coalición progresista de España presionaba para que la Casa Real actuara frente al escándalo de corrupción en el que está involucrado Juan Carlos, quien está siendo investigado por blanqueo y comisiones ilegales por la justicia suiza y de forma preliminar por el Tribunal Supremo español.

La comunicación de la trascendente y polémica decisión de autoexilio llegó cuando el rey emérito, de 82 años, ya había abandonado España, según varios medios locales, aunque hasta anoche se desconocía su destino debido a que el Palacio de la Zarzuela no lo develó.

La posición oficial del Ejecutivo español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, es de “respeto” a la decisión comunicada por la Casa del Rey y “reconocimiento del sentido de ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado”.

Sin embargo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, expresó de forma directa su desacuerdo: “La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex jefe de Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida”, escribió en Twitter.

Hace una semana, el 27 de julio, la Audiencia Nacional imputó a la examante de Juan Carlos, la empresaria Corinna Larsen, y la citó a declarar el 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado a través de unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del exmonarca. La máxima instancia penal tomó la decisión de oficio en base a documentación remitida por la policía judicial española a Suiza, que ya derivó en el inicio de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si Juan Carlos cometió delitos de blanqueo o fiscales desde en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe, en de 2014. Juan Carlos no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por su condición de aforado, de ahí que lo está haciendo el Supremo.

Tras conocerse la carta del rey emérito, su abogado, Javier Sánchez Junco, afirmó en un comunicado que Juan Carlos “permanece a disposición de la Fiscalía” del Supremo, que investiga el cobro de coimas de parte de la dinastía saudí por la adjudicación del tren de alta velocidad a La Meca a empresas españolas en 2008.

El Ejecutivo español pretendía que el paso dado por la Casa Real, funcionara como corta fuego frente al escándalo de corrupción para evitar que afectara a la institución monárquica.

En cambio, fue como una onda expansiva que sacudió las entrañas del propio gobierno y a sus aliados claves. “¿En nombre de quién habla La Moncloa? Dudo que sea de los miles de socialistas cuyas familias republicanas dieron la vida por la democracia” (a diferencia de los borbones que han vivido a costa de la democracia). Corrupción e impunidad son incompatibles con ejemplaridad”, dijo la alcaldesa de Barcelona, la progresista Ada Colau, quien fue más lejos que Pablo Iglesias y pidió un “referendo” sobre la monarquía.

Por su parte el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, cuyo partido ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) sigue siendo decisivo como apoyo al gobierno, comparó la huida del rey emérito con la del ex presidente catalán Carles Puigdemont tras el fallido intento secesionista de 2017: “Unos tuvieron que marcharse al exilio por demócratas, otros se marchan por corruptos”, escribió.

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