Justicia de España frena el proceso separatista catalán

El jefe de Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont, junto a la presidenta del Parlamento Carmen Forcadell

El Tribunal Constitucional de España asestó este lunes un nuevo golpe al desafío secesionista impulsado por el Gobierno de Cataluña al suspender cautelarmente la resolución aprobada hace unos días por el Parlamento de la región española, que abría la puerta a una declaración unilateral de independencia.

La decisión fue unánime de los 11 magistrados que integran el Pleno.

El alto tribunal advirtió también al jefe del Gobierno catalán, el separatista Carles Puigdemont, y a la presidenta de la Cámara de la región, Carme Forcadell, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la decisión.

Otorgó, además, un plazo de 20 días a Forcadell para que dé explicaciones sobre sus actuaciones antes de decidir si abre o no la vía penal contra ella, como había solicitado el Gobierno español.

"Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament (Parlamento, en catalán), cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero", respondió en Twitter Puigdemont a la decisión del Constitucional.

"Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza", añadió.

"Si tenemos que desacatar, desacataremos", dijo también en una entrevista radiofónica el diputado del grupo independentista catalán ERC Joan Tardá.

El Parlamento catalán dio la pasada semana un paso más en su afán de separarse de España y, desoyendo las advertencias del Constitucional, aprobó gracias al voto de los grupos independentistas una resolución que avalaba una serie de leyes para facilitar la secesión y celebrar un referéndum independentista no pactado con España.

Previamente, en diciembre, el alto tribunal ya se había posicionado en contra de otra resolución secesionista aprobada por el Parlamento catalán, considerada la primera piedra del camino hacia la independencia.

Como en aquella ocasión, el Gobierno de Mariano Rajoy, -actualmente en funciones- interpuso un recurso ante el Constitucional, que hoy decidió admitirlo a trámite. Esto supone la suspensión inmediata y cautelar de la resolución secesionista, hasta que el tribunal tome una decisión definitiva en un plazo de cinco meses.

El desafío del Parlamento de Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes, llega en un momento político delicado en España, donde Rajoy busca el apoyo de otros grupos políticos para tratar de ser investido jefe del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La situación política en la región también es convulsa. El actual jefe del Ejecutivo catalán, Puigdemont, anunció recientemente que se someterá a una cuestión de confianza el 28 de septiembre, después de que su socio, el partido anticapitalista CUP, no apoyara su proyecto de presupuestos.