El referendo revocatorio de los mandatos del presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y los prefectos (gobernadores) bolivianos impone, una vez más, una elevada dosis de inestabilidad en un país clave para el suministro de gas a la Argentina. Estas son algunas de las claves de la aguda crisis política boliviana.
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Referendo revocatorio. El Senado boliviano aprobó el jueves una ley que obliga al presidente, al vicepresidente y a los nueve prefectos del país a someterse en los próximos 90 días a referendos que definirán si pueden o no completar sus mandatos. En el caso de Morales, para ser cesado en su cargo, tiene que haber un número de votos revocatorios superior al que obtuvo en la elección de diciembre de 2005 (1.544.374), así como un porcentaje mayor al que obtuvo entonces (53,74%).
El nudo del conflicto. Bolivia sufre un forcejeo entre el deseo de Morales de imponer su proyecto de Constitución -que la oposición considera ilegítimo- y la ofensiva de cuatro de los nueve prefectos de Bolivia para dotar a sus departamentos de autonomías políticas y administrativas, algo considerado ilegal y separatista por el gobierno central unitario. . ¿Autonomías y separatismo? Los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que en conjunto producen 48% de la riqueza boliviana, exigen que la nueva Constitución les garantice su autonomía, tal como se estableció en referendos celebrados en julio de 2006. El gobierno ha señalado su acuerdo con las autonomías, pero denunció que los líderes regionales alientan posturas separatistas. Además, pretende que aquéllas sean tanto para los departamentos como para las comunidades indígenas que habitan en ellos, lo que, según las autoridades regionales, diluye sus reclamos. En tanto, los prefectos y organizaciones civiles de Cochabamba y Chuquisaca también mostraron interés en avanzar hacia sus autonomías pese a que en el referendo de julio de 2006, su población se inclinó por el no. Santa Cruz realizó el domingo pasado un referendo proautonómico en que el sí ganó con 85% de los votos. El gobierno, en cambio, destacó que la abstenciónse acercó a 40%.
La pelea constitucional. Una Asamblea Constituyente aprobó en diciembre pasado un proyecto de carta magna sin consenso ni presencia de la mayoría de la oposición política, que considera confuso el texto e ilegal la forma en que se aprobó, a mano alzada y en una sede militar, en ausencia de la mayoría opositora. Ese proyecto oficialista de Constitución debe ser aprobado en un referendo nacional, sin fecha por el momento.
El conflicto por las tierras. Muchos analistas consideran que la puja por la propiedad de las tierras es el centro de la pelea entre el gobierno y las regiones ricas. El gobierno de Morales quiere expropiar las tierras improductivas, redistribuirlas entre campesinos e indígenas y limitar la extensión de los latifundios, lo que genera una oposición de los grandes terratenientes. Las autonomías permitirían a los prefectos limitar los poderes presidenciales en la materia.
El diálogo político. Evo Morales había convocado para ayer a los prefectos opositores a un diálogo, pero éstos rechazaron la invitación. Ahora el conflicto deberá dirimirse en las urnas con los referendos revocatorios.
Mediaciones abortadas. La Organización de Estados Americanos (OEA) intentó mediar en la crisis, pero la oposición no le tiene confianza y, por el contrario, cree que favorece solapadamente al gobierno central. La Iglesia también buscó ser mediadora, pero fue vetada por Morales luego de que la máxima autoridad eclesiástica del país, el cardenal Julio Terrazas, hubo votado en el referendo de Santa Cruz, validándolo tácitamente.
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