El gobierno de Gran Bretaña impulsa un nuevo proyecto de seguridad que obligará a abogados, banqueros y contadores del país a entregar información confidencial sobre sus clientes, en operativos nacionales contra el crimen organizado.
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Según informó hoy la prensa británica, la controvertida medida propuesta por la nueva Agencia contra Crímenes Serios Organizados (SOCA), llamada por los medios locales como la "FBI británica", afectará principalmente a profesionales que normalmente están protegidos por la ley para no dar información sobre sus clientes.
Bajo la nueva propuesta, que busca perseguir a grupos de crimen organizado en Gran Bretaña y Europa, aquellos profesionales que se nieguen a dar detalles de sus clientes "podrían terminar en la cárcel".
Tras el anuncio, grupos de derechos humanos y civiles acusaron al premier británico Tony Blair y a su ministro del Interior, David Blunkett, por permitir que el país "apruebe cada vez más medidas draconianas".
El director del grupo "Liberty", Shami Chakrabarti, declaró que el nuevo proyecto "dará aún más poderes a la policía británica y quitará libertades a los profesionales del país".
En tanto, Janet Paraskeva, directora ejecutiva de la Law Society, dijo que la nueva ley "recortará derechos de los profesionales y no servirá de nada".
"El problema es la falta de cooperación entre las instituciones de seguridad del país y no la falta de poder de estas", remarcó.
Hoy al mediodía, un portavoz del Ministerio del Interior en Londres, afirmó que una vez que la ley se publique -posiblemente a comienzos del mes próximo- "no habrá más nada que hacer y deberá acatarse".
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