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El proyecto deberá pasar ahora por el filtro del Europarlamento y, en caso de ser adoptado en primera lectura por esa institución, la UE podría hacerlo entrar en vigor antes de fin de año.
"Lo que hemos logrado esencialmente es un acuerdo que creará a lo largo de la UE un número mayor de llamados y de situaciones en los cuales podrán ser almacenados datos", afirmó el ministro británico del Interior, Charles Clarke, al final del Consejo europeo de Interior y Justicia llevado a cabo en Bruselas.
El acuerdo fue alcanzado por una mayoría calificada de 22 de los 25 Estados miembros, ya que tres países (Eslovenia, Irlanda y Eslovaquia) se opusieron, indicó Clarke, cuyo país ejerce la presidencia de la Unión Europea.
Para los defensores del proyecto, entre ellos Gran Bretaña, la cuestión es fundamental en la estrategia antiterrorista del bloque.
El mejor ejemplo de su importancia quedó demostrado en la investigación de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, que dejaron 191 muertos, y cuya autoría fue resuelta en gran parte gracias al trabajo realizado sobre los teléfonos portátiles utilizados por los terroristas.
La idea es reforzar la cooperación judicial obligando a los operadores a conservar una serie de datos telefónicos y de internet como el expeditor, el destinatario, la hora, la duración y el lugar de origen de una comunicación o correo electrónico.
El proyecto abarca teléfonos de línea fija y móvil, mensajes de texto telefónicos, correo electrónico y consultación de páginas en internet. Sin embargo, no contempla la retención del contenido de la comunicación o los correos electrónicos.
Los Estados miembros deberán conservar estos datos entre seis y 24 meses, una propuesta que los dos principales grupos del Europarlamento, conservadores y socialistas, están dispuestos a aceptar.
"Acordamos un sistema que da flexibilidad a los Estados miembros que quieren ir más lejos en esto, y acordamos un procedimiento de revisión para ser capaces de aumentar la cantidad de material a almacenar", explicó Clarke.
El acuerdo de base logrado el viernes no incluye uno de los aspectos más polémicos del proyecto, su costo, que provocó fuertes divisiones a raíz de la presión de operadoras de ciertos países como Alemania. Será el Europarlamento el que defina la cuestión. "El impacto que tendrá esto será muy significativo, ya que será una clara declaración de que todas las instituciones de la Unión Europea (el Consejo, la Comisión Europea y el Europarlamento) están unidas en la lucha contra el terrorismo", agregó.
Hasta el momento, cada país de la UE actúa en forma unilateral: si en Francia existe la obligación de retener ese tipo de datos, en Alemania ocurre lo contrario. Además, la duración del período de retención varía según el país: cuatro años en Italia, dos meses en República Checa.
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