México: López Obrador desafía a la Justicia y acentúa más la crisis

Vicente Fox

México DF (AFP, ANSA, Reuters) - El alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó ayer ante un juez la fianza presentada un día antes por diputados adversarios a él para impedir que vaya a la cárcel.

López Obrador, que insiste en que es inocente de una acusación de desacato que presentó en su contra la Procuraduría Federal mexicana, aseguró que está dispuesto a ir a la cárcel si así lo indica el juez.

Rodeado de simpatizantes, el político populista -favorito por los comicios de 2006- no esperó ni 24 horas para rechazar la humillación de dos diputados locales del conservador partido Acción Nacional (PAN), que quieren salvarlo cautelarmente de la cárcel «para que no se haga la víctima».

«No he hecho ni haré solicitud alguna para obtener la libertad provisional bajo caución, por lo que exijo al ciudadano juez se sirva de forma inmediata revocar dicha libertad provisional», señaló el texto entregado personalmente por López Obrador en el juzgado.

López Obrador mantiene un tenso enfrentamiento con el gobierno de Vicente Fox (PAN), que se acentuó hace quince días, cuando la Cámara de Diputados le quitó la inmunidad parlamentaria, paso previo a su procesamiento.

El alcalde es acusado de haber desobedecido sentencias judiciales que exigían que cesara la construcción de un acceso vial a un hospital, y asegura que todo es una maniobra en su contra, para desposeerlo de sus derechos políticos e impedirle presentarse a elecciones.

«No quieren que mi nombre aparezca en las boletas electorales de 2006», cuando se celebren comicios presidenciales en México, señaló en su texto el político del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Acosado por la izquierda en el país, y con ácidas críticas en el exterior, el gobierno de Fox vuelve a estar a la defensiva en un caso del que parece querer zafarse a toda costa.

La Presidencia rechazó la acusación de Obrador sobre obstáculos a sus aspiraciones presidenciales. «Exhortamos al ciudadano López para que haga uso de los recursos que están previstos en la ley para garantizar sus derechos y su defensa», pidió ayer el portavoz presidencial, Rubén Aguilar.

La cascada de contradicciones en el seno del gobierno llegó a su punto culminante el miércoles, cuando la Procuraduría presentó el expediente ante la Justicia.

Aparentemente, al presentar los cargos, la Procuraduría iniciaba la cuenta regresiva, exactamente diez días hábiles, para que el juez ordenara la detención de López Obrador, el político más popular de México, según las encuestas.

El subprocurador encargado del caso, Javier Vega, sorprendió sin embargo al convocar a la prensa para anunciar que «dos personas» habían depositado una fianza de 2.000 pesos (unos 180 dólares) en favor del alcalde. Esa maniobra de dos jóvenes diputados en la capital del Partido Acción Nacional (PAN, gobierno federal) modificó la forma en cómo la Procuraduría Federal presentó el caso ante el juez.

Después de un año de pedir el desafuero de López Obrador para procesarlo, y luego de conseguirlo, la Procuraduría consideró que su presunto delito no merece cárcel provisional, por lo que solicitó al juez solamente una orden de comparecencia.

A su vez, la Corte Suprema debe aún examinar una doble controversia constitucional, para dirimir si la Cámara de Diputadostenía derecho a quitarle la inmunidad al alcalde el pasado 7 de abril.

Y para enredar aun más el caso, López Obrador amenaza con volver a sus oficinas de alcalde el próximo lunes, tras una nueva manifestación ciudadana el día anterior.

«La única manera constitucional de separarlo de su cargo es que sea sometido a un proceso penal, que se le gire una orden de aprehensión. Y es evidente que aún no está sujeto a un proceso», dijo el asesor legal del alcalde.