La Justicia española ordenó la exhumación de cadáveres de 19 fosas comunes de la era de la Guerra Civil, entre los cuales estaría el del poeta Federico García Lorca.
Madrid (ANSA, EFE, DPA, Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer la apertura de 19 fosas comunes, en una de las cuales están los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado en 1936, al declararse competente para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante el franquismo.
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Garzón respondió así, en un documento de 68 páginas, al pedido de 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y del sindicato CNT, que le solicitaron que conduzca una investigación por crímenes y desapariciones durante el franquismo. Los grupos realizaron el pedido pese a la Ley de Amnistía aprobada en 1977 por el Parlamento.
La apertura de la fosa común cerca de Granada, donde están los restos de García Lorca, podría comenzar a mediados de noviembre, dijo el antropólogo Miguel Botella, que coordinará los trabajos.
El «súperjuez» Garzón, al afirmar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las desapariciones, aseguró que se trata de crímenes contra la humanidad en los cuales están implicados 35 ex jerarcas del Estado español, entre ellos el ex dictador Francisco Franco, todos ya fallecidos. En tanto, la familia de García Lorca, que se había opuesto inicialmente a la medida, manifestó finalmente su aceptación.
Fusilado
El cadáver del poeta, fusilado el 18 de agosto de 1936, fue arrojado en una fosa común con los del maestro republicano Dioscuro Galindo, y de los toreros anarquistas Francisco Galadi y Juan Arcolla.
Los descendientes de Galindo y Galadi pidieron semanas atrás a Garzón que ordenara la apertura de la fosa y la identificación de los restos que contiene.
Sin embargo, aún no está claro si Garzón podrá avanzar en la causa porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó que rige la Ley de Amnistía de 1977 y que apelará el fallo de ayer. El magistrado argumentó que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas antes por la Justicia española, porque los delitos investigados no han prescrito por ser de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo español para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.
En el documento hecho público ayer, Garzón estima en 114.266 las personas desaparecidas a manos de los franquistas entre el 17 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco se levantó contra el gobierno legal republicano, y diciembre de 1951, después de los años más duros de la dictadura. Segun otras estimaciones, los restos de entre 40 mil y 80 mil víctimas del franquismo se encuentran hasta ahora en centenares de fosas comunes en todo el país, muchas de ellas sin identificar.
Hasta ahora la cuestión de los crímenes del franquismo se ha mantenido en un segundo plano en nombre de la reconciliación nacional durante la transición hacia la democracia. Pero 22 asociaciones por la memoria histórica pidieron a Garzón investigar los desaparecidos e identificarlos y ayer el magistrado tomó la decisión de ir a fondo.
El juez pidió entre otras cosas que le sean comunicados los certificados de defunción del propio Franco y de otros 34 funcionarios del régimen, pero también pidió al Ministerio de Interior identificar a los dirigentes de la Falange franquista aún vivos, haciéndoles saber que podrían ser incriminados. En este sentido hay aún varios interrogantes y sobre todo no está claro si España, cuya más importante figura institucional, el rey Juan Carlos, garante de la transición, fue designado por el propio dictador antes de su muerte, está dispuesta a esta traumática relectura de su pasado reciente.
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