Manifestantes y agentes de policía se enfrentaron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de Paraguay ante la inminente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que modificará el Código Penal para endurecer con penas de hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen tierras y vetar la chance de las llamadas “medidas alternativas”, lo que significa garantizar un cumplimiento efectivo de las condenas.
Grupos de indígenas y campesinos provenientes de diferentes puntos del país realizaban una vigilia frente a la sede parlamentaria en Asunción para manifestar su rechazo a la medida, presentada por la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y que, ya con media sanción del Senado, procura modificar el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo.
Antes de iniciarse la sesión en la Cámara baja, los manifestantes se movilizaron contra el proyecto de ley que criminaliza las tomas de terrenos y bloquearon el tránsito, según informó la Policía Municipal de Asunción.
Minutos más tarde, se produjeron enfrentamientos con la Policía cuando un grupo intentó presuntamente derribar la barrera de seguridad que protegía al Palacio Legislativo, según reportó el diario Última Hora.
Durante el choque, los manifestantes atacaron a los uniformados con flechas caseras de punta de acero, piedras, palos y otros elementos contundentes, a la vez que tres vehículos y una moto policial resultaron incendiados y otros fueron dañados, denunció el comisario Éver Caballero.
En total, seis agentes resultaron heridos, pero ninguno de consideración, mientras que un funcionario de la Cámara de Senadores resultó atacado por un grupo de personas cuando intentaba ver si uno de los vehículos incendiados era el suyo, precisó.
No obstante, el funcionario explicó a la cadena Noticias Paraguay que ninguno de sus atacantes eran indígenas, sino "gente del bajo", en referencia a personas del barrio humilde Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita.
El cuestionado proyecto de ley está siendo analizado por la Cámara de Diputados y todo apunta a su aprobación, por lo que el texto quedaría sancionado y pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, pese a las fuertes críticas de organizaciones sociales y campesinas, y hasta de la Iglesia, quien hizo un llamado al diálogo.
El movimiento campesino es uno de los más fuertes de Paraguay y las ocupaciones de tierras han sido una de sus principales herramientas de lucha y de denuncia en un territorio con altísima concentración de hectáreas en pocas manos e historial de adquisición irregular de los grandes latifundios.
Por eso, en este contexto, las entidades agro-ganaderas del país sí apoyan el cambio del Código Penal.
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