Cargoso, el embajador peruano presiona a la Cancillería argentina en busca de una medida de inspiración democrática. Pretende que el gobierno de Eduardo Duhalde le reclame la Orden del Collar del General San Martín que se le concedió en su momento al entonces mandatario Alberto Fujimori, hoy reclamado por la Justicia del Perú. Desde que llegó al país, el diplomático -pariente del ex presidente Fernando Belaúnde Terry y reconocido como denunciante de varios casos de corrupción en su país-entiende que constituye una ofensa que Fuji-mori, expatriado en Japón, conserve esa distinción del Libertador.
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Compleja demanda para el Palacio San Martín ya que, al momento de otorgarse ese tipo de distinciones, no se incluye el cartel o la advertencia «sujeta a devolución». Más bien en todas las cancillerías del mundo, estos galardones luego cuestionados se convierten en «balas perdidas» que la memoria no quiere recordar. Basta imaginar las distintas condecoraciones que se entregan por semana en todas partes, muchas de las cuales se vuelven controversiales con los años. Son homenajes, convenciones de Estado a Estado, o de un Estado o gobierno a personalidades. Hay un anecdotario gigantesco de dictadores condecorados latinoamericanos (Somoza, Stroessner), africanos (Bocassa), algún europeo (Ceausescu); parece un trámite engorroso por lo menos poner una oficina para reclamar cocardas mal entregadas.
También hay otras razones: Carlos Ruckauf demandará la medalla que le concedieron al banquero David Mulford, en el ciclo denostado del 1 a 1, a sugerencia de Domingo Cavallo (por otra parte, no olvidar, socio del canciller en las últimas elecciones). Hay otras situaciones: si algún país le hubiera quitado a Juan Perón alguna distinción obtenida entre 1946 y 1955, ¿en qué situación se habría encontrado luego, cuando éste volvió al poder en 1973? Además, este condicionamiento ético que plantean ahora los peruanos -poco práctico, claro-parece olvidar la actitud del gobierno argentino (Menem presidente, Di Tella canciller) que, con más espíritu democrático que otras naciones de la región, objetó duramente a Fujimori cuando éste cerró el Parlamento y se llegó a la ruptura de las relaciones (recordar que lo trataron de «aficionado» y que se promovió una acción internacional en su contra).
Aun así, la Cancillería se encuentra en un aprieto por esta presión del embajador -de un país donde la designación política no sólo fue de los militares, por ejemplo contra el aprismo-, inclusive porque el colega argentino en Lima también se anotó en este reclamo. Típico oportunismo. Hasta ahora, Ruckauf agradece que la exigencia no se haya vertido todavía en un documento escrito.
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