Bogotá (AFP, Reuters) - La salvedad que invocó Colombia al adherir al Tribunal Penal Internacional (TPI), que impide juzgar a responsables de crímenes de guerra por siete años, encendió la polémica porque, según expertos, podría perpetuar la impunidad para todos los actores armados del conflicto interno, por lo que el gobierno anunció que evaluará la decisión adoptada.
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El gobierno del ex presidente Andrés Pastrana firmó en junio una ley adhiriendo al TPI, que tendrá la misión de investigar y juzgar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en un acto inédito, Colombia invocó un artículo que impide al tribunal juzgar a los responsables de crímenes de guerra por los próximos siete años, cuando precisamente se prevé que podría intensificarse el conflicto entre las fuerzas del gobierno, con ayuda de los EE.UU., y la guerrilla izquierdista de las FARC, amén de la participación de los paramilitares de ultraderecha.
La restricción que se conoció el domingo pasado exime a todos de ser juzgados por el TPI por delitos que se cometan en el marco del conflicto armado, aun a pesar de que este tipo de delitos rara vez son juzgados en la caótica vida colombiana.
La Cancillería de Alvaro Uribe aclaró que «el gobierno evaluará el tema», pero indicó que la salvedad invocada era conocida por el Congreso y las altas Cortes.
«El que queda en desventaja es el país, porque la invocación del artículo extiende la impunidad por siete años en materia de crímenes de guerra», sostuvo Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
En tanto, Brasil dispuso reforzar los 1.600 kilómetros de la frontera que comparte con Colombia, para prevenir eventuales desplazamientos a su territorio de las guerrillas colombianas.
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