El último acto trascendente en política exterior del canciller y ministro de Defensa interino de José María Vernet antes de presentar su renuncia al Presidente fue comunicar al Reino Unido que la Argentina no participará de la fuerza multinacional de paz en Afganistán. La crisis política y económica fueron las razones que esgrimió el gobierno de Rodríguez Saá para postergar el compromiso de la lucha contra el terrorismo que la comunidad internacional lanzó luego del ataque del 11 de setiembre a EE.UU. El Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado el 20 de diciembre la resolución que autoriza el despliegue de la Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia (ISAF, según sus siglas en inglés) por 6 meses en Kabul. La ISAF tiene la función de «asistir a la autoridad afgana interina en el mantenimiento de la seguridad de Kabul y áreas circundantes». Gran Bretaña es el país que planificó y que comanda la fuerza conjunta.
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A mediados de diciembre la Argentina había recibido el pedido de las Naciones Unidas para sumarse al esquema multinacional de paz junto a 16 países. Al día siguiente de la asunción de Adolfo Rodríguez Saá, por canales diplomáticos discretos, se instruyó al embajador argentino en Londres, Vicente Berasategui, para que comunicara al estado mayor británico encabezado por el general John McColl que el país no integraría el contingente de la fuerza multinacional. La Argentina, ahogada en problemas políticos y económicos tras la salida abrupta de Fernando de la Rúa iba a ser el único país latinoamericano que estaría presente en Afganistán.
El general Juan Carlos Mugnolo, titular del Estado Mayor Conjunto, dio la orden de anular los preparativos el viernes pasado. Vernet debutó en las artes de la diplomacia remontando por un atajo: el embajador Berasategui logró que los británicos colocaran a la Argentina en el último turno de la secuencia establecida para el despliegue de las tropas (sería a mediados de 2002, si la situación económica mejora). Pero aún antes de que estallara la crisis que terminó con el alejamiento de De la Rúa, había dudas sobre cómo se solventaría la misión argentina en Kabul. En la administración de Giavarini se llegó a pensar que el quid pro quo con EE.UU. por participar con 600 hombres en los esfuerzos de combatir a Bin Laden podría haber contribuido a mejorar la relación con el FMI. La anulación de la operación de paz cayó como balde de agua helada en los hombres de la Fuerza Aérea pues ya estaban listos los 19 módulos del hospital móvil -el mismo utilizado en Kosovo-que iba a ubicarse en Kabul. Se estaba estudiando la manera de transportar los módulos en un solo viaje de avión para reducir el tiempo del despliegue. Igual clima de desazón se vive en el Ejército y en la Armada, los jefes militares estaban convencidos de la necesidad estratégica de participar en la coalición internacional. Es cierto que la operación militar tuvo desde el inicio el problema de siempre: de dónde obtener los recursos. Los costos de la misión en Afganistán (entre 10 y 15 millones de pesos) debían ser pagados por la Argentina porque las tropas iban a actuar para «imponer la paz» (artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas) y no para «mantener la paz» (artículo VI). En este último caso es la ONU la que afronta todos los costos.
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