Prensa al arbitrio de Chávez

Caracas (AFP, EFE) - La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó una reforma constitucional para establecer la economía socialista, consagrar la reelección presidencial indefinida y ampliar drásticamente los poderes del jefe de Estado, en una polémica sesión extraordinaria que se prolongó hasta la madrugada de ayer. La reforma, que debe ser sometida ahora a referendo el 2 de diciembre, modifica 69 artículos de la Constitución bolivariana de 1999, que cuenta con un total de 350.

El presidente, Hugo Chávez, había propuesto la reforma de 33 artículos -entre ellos la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años y la reelección ilimitada- y el Parlamento -monopolizado por el oficialismo- incorporó 36 artículos más, entre ellos uno muy controvertido que regula los estados de excepción.

Con la reforma se amplían las facultades presidenciales para decidir ascensos militares, manejar discrecionalmente las reservas internacionales y decidir junto al Banco Central la política monetaria. Además, el presidente podrá nombrar vicepresidentes para gobernar nuevas regiones que podrá crear por decreto. También podrá crear nuevas provincias y darle estatuto federal a ciudades.

La modificación del artículo sobre los estados de excepción permitía, inicialmente, suprimir los derechos al debido proceso y a la libertad de información, pero fue criticada por el fiscal Isaías Rodríguez y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, así como por varios legisladores hasta hace poco considerados oficialistas, y por la oposición. Finalmente, la AN decidió mantener cuatro atributosdel derecho al debido proceso -el derecho a la defensa, a la integridad personal, a ser juzgado por jueces naturales y a no ser condenado a penas de más de 30 años-, pero mantuvo la suspensión al derecho a la información durante los estados de excepción, que no tendrán límite de tiempo.

La presidenta del cuerpo, Cilia Flores, dijo al pleno: «Ojalá nunca en la vida haya necesidad de aplicar el Artículo 337, porque estaríamos frente a un golpe de Estado, una invasión, una guerra o un desastre natural», como causas de un estado de excepción.

En 1999, a iniciativa de Chávez, el Parlamento modificó la Constitución de 1961, que restringía el derecho a la información y el debido proceso en estado de excepción.

«Quizá por ingenuidad, por inocencia o por la experiencia vivida incluimos (en 1999) la información como una garantía que no podía ser restringida, aun en tiempos excepcionales», sostuvo la vicepresidenta del Congreso, Desiré Santos Amaral. «La experiencia nos dice que después de nueve años debemos enmendar el error cometido y garantizar al Estado el derecho a defenderse en estados de excepción», añadió.

Ex aliados

El diputado Juan José Molina, de la fracción Podemos -partido de izquierda moderada que dio a Chávez 10% de votos con los que fue reelecto en 2006, pero ahora sale del oficialismo- celebró que se haya mantenido el derecho al debido proceso, pero criticó la exclusión del derecho a la información en estado de emergencia.

El legislador disidente dijo aceptar la necesidadde la reforma, «pero respetemos las reglaspara avanzar en el socialismo en democracia,sin desvirtuar el poder popular en aras de la concentración del poder».

Por otra parte, se aprobó también un quintopoder del Estado, el popular, una nueva división política territorial, rebajar la edad mínima para el voto de 18 a 16 años, fijar la jornada laboral para un máximo de 36 horas de trabajo semanales (ver nota aparte) y crear un sistema de seguridad social para los trabajadores informales.

El miércoles miles de estudiantes universitarios marcharon hasta la sede del Parlamento para exigir que el referendo se postergue al menos hasta febrero, de modo que los cambios sean divulgados y discutidos entre la población. Pero, después de ser duramente reprimidos, la petición fue descartada por la Asamblea Nacional. «Llegaron tarde», dijo Desirée Santos, que argumentó que los diputados habían organizado debates en la calle.

Los universitarios realizarán otra manifestación el 1 de noviembre, para pedir la postergación del referendo ante el Consejo Nacional Electoral. Grupos políticos de oposición convocaron a otra marcha para rechazar la reforma, el 3 de noviembre, mientras que los oficialistas harán una manifestación a favor al día siguiente.

El partido de izquierda moderada que apoya a Chávez, Podemos, con siete de los 167 diputados, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que determine la legalidad de la incorporación de nuevos artículos después de realizadas las dos primeras discusiones.

En el debate parlamentario seis diputados de Podemos se abstuvieron reiteradamente de votar por considerar que esa incorporación de artículos adicionales violó las normas de la reforma constitucional. Los otros 161 legisladores votaron afirmativamente todos los artículos.