George W.
Bush, ayer al
firmar la ley
que autoriza a
aplicar mayor
dureza en los
interrogatorios
a los sospechosos
de
terrorismo y
que limita el
derecho de
defensa de los
acusados. El
tema se
convirtió en
uno de los
ejes de la
campaña para
los comicios
legislativos del
mes que
viene.
Washington (EFE, Reuters, AFP, ANSA) - El presidente de EE.UU., George W. Bush, firmó ayer la controvertida ley que autoriza duros métodos de interrogatorio y crea tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, como los que están detenidos en Guantánamo (Cuba).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El mandatario aseguró que la nueva norma es una «pieza clave» en la lucha contra el terrorismo.
El opositor Partido Demócrata y las organizaciones de derechos humanos, por el contrario, la consideran una herramienta que autoriza la tortura y la detención indefinida de personas contra las que no se han presentado cargos formales.
La llamada «Ley de Comisiones Militares» ayudará «a salvar vidas» y a garantizar la seguridad del país, aseguró Bush en una ceremonia en la Casa Blanca, rodeado por los principales miembros de su gabinete, congresistas y mandos militares.
Con esta normativa, que dedicó a las víctimas de los atentados del 11-S de 2001, «los hombres que nuestros funcionarios de inteligencia sospechan que orquestaron el asesinato de casi 3.000 personas tendrán que enfrentarse a la Justicia», dijo el presidente, en alusión a los autores de los ataques de hace cinco años en EE.UU.
Según Bush, la nueva legislación «ayuda a garantizar la seguridad de este país» y envía un claro mensaje al resto del mundo, de que EE.UU. nunca cederá ante las amenazas a su libertad.
El gobernante y sus correligionarios republicanos introducirán esta ley en su lista de logros en materia de seguridad, con vistas a las elecciones legislativas del próximo 7 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.
El comité nacional republicano difundió ayer un comunicado, inmediatamente después de la promulgación de la ley, en el que señalan que «los demócratas dejarían libres a los terroristas».
El Partido Demócrata replicó que los republicanos «politizan» el debate sobre el trato a los sospechosos, y que se interesan más por ganar votos que por elaborar una norma justa y efectiva en la lucha contra el terrorismo.
Para el senador demócrata Patrick Leahy, el de ayer fue «un día triste» porque se ha dado el visto bueno a una ley que «debilita» las libertades y «asalta» la Constitución estadounidense.
Más duras aun fueron las críticas de las organizaciones civiles, como el Centro para los Derechos Constitucionales, un grupo de derechos humanos que denuncia el duro golpe a la democracia que -afirma- supone la nueva normativa. Es una ley, según esta organización, que «otorga poder al presidente para autorizar la tortura y mantener en prisión a alguien de forma indefinida».
Para la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., representa «una de las peores medidas promulgadas en la historia de EE.UU.».
La legislación tampoco gusta a algunos grupos religiosos, cuyos seguidores se han manifestado ante la Casa Blanca mientras el presidente encabezaba la ceremonia de la promulgación, con lemas como «Bush es el terrorista» o «la tortura es un crimen».
Cuestionable
Las mayores críticas a la ley se centran en que no incluye el derecho de los extranjeros detenidos como sospechosos de terrorismo a presentar un recurso de hábeas corpus, un derecho internacional por el que se puede cuestionar la ilegalidad de una detención, así como las condiciones y malos tratos que se hayan podido sufrir.
El texto protege a los detenidos de abusos flagrantes durante los interrogatorios, como puede ser la violación o el trato «cruel e inhumano», pero no requiere que puedan contar con un abogado.
Bush insistió en que los tribunales militares que regula la nueva legislación serán «legales, justos y necesarios».
El presidente se ha visto obligado a pedir al Congreso que prepare esta normativa después de que en junio pasado la Corte Suprema fallara en contra de los tribunales militares establecidos por el Pentágono en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba).
La Corte consideró entonces que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional y dejó en manos del Congreso la tarea de elaborar una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.
Dejá tu comentario