Puntos más polémicos de la ley para el gas

La Paz - En medio de protestas sociales y vaivenes políticos, Bolivia avanza con dificultad para darle un nuevo papel al Estado en el sector petrolero, casi una década después de haberlo transferido a manos privadas.

Ese viraje comenzó el 17 de octubre de 2003, cuando Carlos Mesa, al asumir su mandato, planteó al país reformas mediante un referendo sobre el destino del gas y una nueva ley de hidrocarburos.

La norma vio la luz la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados, tras siete meses de debate y confrontaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, que finalmente perdió una pulseada en ese escenario porque no logró que se considerara su planteamiento.

La norma aprobada tras 12 horas intensas de debate introduce cambios profundos en la industria petrolera, aunque aún está pendiente de análisis en el Senado.

La primera reforma significativa estipula la recuperación para el Estado de los hidrocarburos en boca de pozo (en la superficie), cuya gestión y destino corresponde hasta ahora a las firmas privadas instaladas en el país desde 1996.

• Cambios contractuales

También emplaza a las empresas, entre ellas Petrobras, British Gas, British Petroleum, Repsol YPF y TotalFinaElf, a cambiar de forma obligatoria en 180 días 76 contratos de riesgo compartido para adecuarlos a la nueva ley cuando entre en vigencia y deje sin efecto las condiciones que atrajeron sus inversiones.

La normativa establece que el Estado ejercerá sus derechos mediante la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que, gracias a la misma ley, será refundada para operar en toda la cadena de hidrocarburos y se convertirá en un nuevo actor del sector y con el que tendrán que negociar las trasnacionales.

La forma en que YPFB fue refundada fue criticada por el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, porque la empresa tendrá su presidencia en La Paz y sus vicepresidencias en Santa Cruz y Tarija, regiones que reclamaron esa presencia, lo que, según la autoridad, hará difícil su gestión.

Otro cambio sustancial contra el que han protestado el gobierno y las compañías es que se otorga a los grupos indígenas un poder para concertar con las empresas la explotación de los recursos naturales en los territorios que habitan, lo cual supone un derecho de veto si no hay consenso.

El otro punto central de la nueva norma está en la creación de un impuesto de 32% a la producción que se aplicará de forma universal e inmediata en el sector petrolero, al que se sumará una regalía, pago fijo por explotar recursos naturales, de 18%.

Los diputados que votaron la reforma consideraron que de esta forma cumplieron con el mandato del referendo sobre el gas del 18 de julio del año pasado, en el que se proponía que el Estado obtenga 50% de los ingresos generados por el negocio.

En su transición de un sector petrolero liberalizado a uno en el que el Estado recobre su importancia, Bolivia aspira a convertirse en el eje energético que integre el Cono Sur, gracias a sus reservas de gas natural de 54,9 trillones de pies cúbicos, las más grandes del Sudamérica después de las de Venezuela.