Recluidos y bajo amenaza, la nueva vida de los exguerrilleros de las FARC

Quienes se desmovilizaron denuncian que el Gobierno de Iván Duque entorpece la puesta en práctica de los entendimientos, un punto en el que coincide EE.UU. La mayoría de quienes abandonaron las armas vive en campos de reintegración.

PASADO. Kelly Martínez enseña fotografías de sus años como miembro de las FARC en un campamento de reintegración en Tierra Grata.

Pondores, Colombia - Ricardo Bolaños coloca sobre su cama un chaleco camuflado, un pequeño radio de baterías y un par de botas viejas de caucho, apreciadas reliquias de sus 45 años como guerrillero de las FARC. El hombre, de 64 años, quien vive en el campo de reintegración de Pondores, en la árida región de La Guajira, en el noreste de Colombia, se comprometió en un proceso de paz con el Gobierno que espera le traiga una vida diferente.

Los exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un controvertido entendimiento en 2016 con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, poniendo fin a más de cinco décadas de un conflicto que ha dejado 260.000 personas muertas y millones de desplazados.

La guerrilla acordó desarmarse y reintegrarse a la sociedad a cambio de beneficios económicos para excombatientes, representación política en el Congreso y garantías de seguridad.

Pero a Bolaños, como a muchos otros exrebeldes, le preocupa que el presidente Iván Duque, quien asumió el cargo el año pasado, no esté comprometido con ayudar a los excombatientes a reintegrarse.

Es que el Gobierno actual se ha opuesto a algunos aspectos de la negociación y ha intentado, sin éxito, hacer enmiendas a través del Congreso, solicitando castigos más severos para los excombatientes acusados de crímenes de guerra.

Otro factor de temor son los asesinatos de docenas de exmilicianos, algunos en las afueras de los campamentos donde viven como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.

“Tenemos preocupación por la inseguridad física”, dijo Bolaños, desde el reducido y acalorado espacio donde vive.

Un poco más de 13.000 exguerrilleros participan del proceso de reincorporación. Alrededor de una cuarta parte de ellos viven en 24 campos de reintegración, mientras dos tercios están por fuera de los campamentos, según el centro de pensamiento Ideas Para la Paz. Se desconoce el paradero del restante 8%.

De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 137 exmienbros han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo, lo que ha provocado temor a correr la misma suerte. La ONU no identificó a los responsables de las muertes, pero las tasas de impunidad son altas.

Los homicidios y desapariciones de activistas de derechos humanos también se ha disparado, aunque las fuentes no están de acuerdo con los números. Mientras que las autoridades informan de 289 casos, el grupo de expertos Indepaz contabiliza en 738.

“La preocupación es la vida, que garanticen la vida, porque están asesinando no solo personas en proceso de reincorporación, sino que llevamos centenares de líderes sociales”, denunció, desde Pondores, Marcos Calarcá, vocero y congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla.

Duque anunció en junio 23 nuevas medidas para garantizar su seguridad, que incluyen un trabajo más cercano con el defensor del pueblo para detectar riesgos de manera anticipada, menos tiempo de espera para la asignación de seguridad personal y entrenamiento en defensa personal. Pero los homicidios no se detienen.

De acuerdo con un grupo de expertos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los asesinatos muestran la falta de capacidad y voluntad del Gobierno de Duque para implementar el acuerdo, debilitando las perspectivas de paz y poniendo en peligro la posibilidad de futuras negociaciones con otros grupos guerrilleros.

“Los asesinatos de excombatientes podrían ser una amenaza directa para las bases de cualquier acuerdo de paz”, dijo el director de WOLA, Geoff Thale. “Si esta tendencia continúa podría empujar a más excombatientes desmovilizados a la creciente disidencia de las FARC”.

El movimiento disidente es una preocupación creciente.

Un grupo de exrebeldes que se había desmovilizado anunció una nueva ofensiva la semana pasada, argumentando que el proceso de paz se incumplió.

El anuncio provocó la condena del Gobierno, de Naciones Unidas y del partido político FARC, que aseguró que la mayoría de los exrebeldes continúan comprometidos a pesar de los “obstáculos y dificultades”.

Casi 2.300 combatientes integran las disidencias de las FARC, según el más reciente recuento oficial de inteligencia militar de mayo. Se cree que muchos tienen como sede Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha dicho que los excomandantes rebeldes son bienvenidos.

Las cifras de la ONU muestran que solo al 10% de los exguerrilleros se les ha dado créditos para proyectos agrícolas y de desarrollo que apuntan a darles empleo en la vida civil. Los proyectos estaban destinados a garantizar que no volvieran a cultivar coca, materia prima de la cocaína.

El Gobierno anunció que extenderá un auxilio mensual equivalente a 200 dólares a los excombatientes hasta el 31 de diciembre, debido a que no cumplió con la fecha límite del 15 de agosto para otorgar los préstamos.

Hasta ahora, el Gobierno ha pagado casi 65 millones de dólares en auxilios, y la extensión del programa le costará otros 12,7 millones de dólares. El Gobierno también anunció una inversión de 4,6 millones de dólares para comprar tierras destinadas a proyectos económicos de los exguerrilleros.

En Pondores, el apoyo internacional de Naciones Unidas y varios gobiernos europeos les ha servido para abrir una sastrería y una pequeña granja de cerdos, pero muchos están perdiendo la fe de que llegarán fondos para otros proyectos.

A dos horas de allí se ubica el campo de reintegración de Tierra Grata, donde Kelly Martínez, de 44 años, vive rodeada de dientes hechos de espuma y moldes odontológicos. Como guerrillera extraía los dientes dañados de sus compañeros. Martínez ahora estudia odontología en Bogotá, financiada por la Cruz Roja de Noruega, para que pueda trabajar legalmente en su nueva vida. Volvió al campamento en un receso de sus clases. Al igual que a Ricardo, a Martínez le preocupan los asesinatos de sus excompañeros en la guerrilla y se siente frustrada por lo que considera un incumplimiento del Gobierno. Pero sigue comprometida con el proceso de paz. “Nuestra única arma ahora es la palabra”, dijo. “Y así vamos a continuar”.

Agencia Reuters