Relator de comisión especial, con mismos "delitos" que Dilma
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Antonio Anastasia, estuvo investigado en la Operación Lava Jato, y durante su gestión como gobernador en Minas Gerais, cometió los mismos delitos fiscales por los que está siendo procesada la jefa del Estado.
Anastasia estuvo dentro del informe policial elevado al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte) para que sea investigado el origen de sus donaciones electorales, por sospechas de haber recibido dinero por parte de empresas investigadas en la corrupción en Petrobras.
El juez Teori Zavazcki, que lleva el caso de Petrobras en laCcorte, archivó las acusaciones contra Anastasia que habían sido llevadas por un supuesto arrepentido.
En Minas Gerais, recaudó el doble, en 2014, que todos sus competidores juntos, según el tribunal superior electoral.
Al igual que la mayoría de los políticos de los partidos grandes, recibió dinero de corporaciones investigadas en la Operación Lava Jato: las constructoras Andrade Gutierrez, UTC, OAS, Odebrecht y Queiroz Galvao y el banco BTG Pactual, con sus ejecutivos procesados y condenados por corrupción y obstrucción a la Justicia por parte del juez de primera instancia Sergio Moro.
Las donaciones fueron legales y registradas ante el tribunal electoral.
Pero quizás el punto del debate jurídico actual, el llamado maquillaje fiscal de Rousseff, pone a Anastasia en una situación que será puesta en primera línea: siendo gobernador de Minas Gerais usó el mismo mecanismo por el cual Rousseff es procesada en el Congreso, supuesto delito que el gobierno considera un argumento "golpista".
El diputado Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), opositor a Rousseff y opositor al juicio político, afirmó que "la situación sería cómica si no fuera un golpe".
"Dilma está acusada de practicar las 'pedaleadas fiscales' por atraso de pagos a bancos públicos para pagar el Plan Zafra 2015 y los planes sociales de 2014, sin causar pérdidas al Tesoro. Anastasia, cuando fue gobernador hizo pedaleadas fiscales e incluso debió dar explicaciones por no haber entregado recursos constitucionales de los presupuestos de salud y educación", dijo Valente.




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