La huelga en el transporte público francés duró 24 horas y
logró paralizar las mayores urbes del país. Las demostraciones
contra las reformas del presidente Nicolas Sarkozy se
repitieron en 28 ciudades.
París (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La huelga contra la reforma de los regímenes jubilatorios especiales en Francia tuvo ayer un seguimiento masivo en el transporte público terrestre, lo que pone severamente a prueba la determinación en las reformas del presidente, Nicolas Sarkozy.
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El éxito de la convocatoria de los sindicatos fue particularmente evidente en los trenes, ya que sólo alrededor de 5% de los programados en el país circularon, y la dirección de la compañía de ferrocarril SNCF reconoció que casi las tres cuartas partes de sus trabajadores se habían sumado al paro.
El transporte urbano se vio «fuertemente perturbado» en París -con la mayor parte de las líneas del subterráneo paralizadas o casi-, pero también en buena parte de las 28 otras ciudades donde los sindicatos habían lanzado la convocatoria.
La movilización tuvo menos visibilidad en el sector de la energía, donde las direcciones de EDF y GDF anunciaron proporciones de huelguistas de algo más de 50%, mientras las centrales las elevaban a entre 60% y 90%.
También hubo huelgas de solidaridad de sectores no directamente afectados por los regímenes especiales, como el de correos, las oficinas de desempleo o la educación, pero allí el seguimiento fue reducido.
Manifestaciones
Los sindicatos igualmente organizaron manifestaciones en varias grandes ciudades -que según la policía reunieron en total 150.000 personas-y algunos de ellos decidieron mantener la presión hoy.
De hecho, la entidad del transporte metropolitano de la capital (RATP) indicó que sólo un tercio de los subterráneos funcionarán hoy por la mañana, y que los autobuses y los tranvías se irán poniendo en marcha, pero muy progresivamente.
En la misma línea, la SNCF admitió que el tráfico de trenes continuará «muy perturbado» y sólo se irá normalizando a partir de media tarde.
El gobierno quiso mantener un perfil conciliador y el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, afirmó que «la huelga no impide el diálogo», antes de insistir en que la reforma «será progresiva» en los regímenes especiales, de los que se benefician medio millón de empleados esencialmente de los ferrocarriles, los transportes urbanos y las compañías estatales de energía EDF y GDF.
En cualquier caso, Bertrand alertó sobre que, sin la reforma, «nadie puede garantizar» que los beneficiarios de esos regímenes podrán cobrar sus jubilaciones «en cinco, diez, o quince años».
El portavoz del Ejecutivo conservador, Laurent Wauquiez, lo había dicho con términos más claros por la mañana: «No podemos ceder» en el aumento del período de aportes que da derecho a una jubilación completa de esos trabajadores, que con la reforma debe pasar de 37,5 años a 40 para equipararse con los del régimen general.
Un punto en el que choca de plano con los reclamos de los sindicatos convocantes de la huelga, que quieren « verdaderas negociaciones», como señaló la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo secretario general, Bernard Thibault, previno que «si el gobierno siguiera en una posición intransigente, naturalmente tendríamos que contemplar la continuación» de las protestas.
«Anticipo»
Thibault, consciente de que para tener éxito la movilización necesita un respaldo de la opinión pública, repitió la idea de que la reforma de los regímenes especiales no constituye más que «una anticipación de una tercera reforma» que afectará a los sistemas jubilatorios de todos los trabajadores.
El gobierno se ha esforzado en mostrarse sereno con una línea argumental que pasa por no desconocer el derecho a la protesta, pero insistiendo en que las reformas cuentan con la legitimidad electoral conseguidapor Sarkozy, ya que figuraban en cabeza de su programa.
Además, las presenta como un cambio en pos de la igualdad entre todos los asalariados, y sabe que la oposición socialista tampoco cuestiona la pertinencia de ajustes para evitar el desequilibrio financiero de los regímenes especiales, que afecta seriamente las arcas del Estado.
El Partido Socialista centró ayer sus críticas en que mientras se aprietan las tuercas a los trabajadores de los ferrocarriles, del transporte urbano o de la energía, el gobierno da beneficios a los más ricos en forma de rebajas fiscales y también hace coincidir el anuncio del divorcio de Sarkozy para quitar protagonismo a la dimensión de los paros.
En la mente de unos y otros estaba el recuerdo de las huelgas gigantes de 1995, también con motivo de las jubilaciones, que obligaron al entonces primer ministro, el conservador Alain Juppé, a dar marcha atrás con su reforma y, al final, le costaron el cargo.
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