La Paz (EFE, ANSA) - El gobierno boliviano anunció ayer su rechazo a un fallo judicial que ordena la libertad del prefecto ( gobernador) de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, señalado como responsable ideológico de la matanza de campesinos del 11 de setiembre pasado.
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«Ustedes saben que yo tengo mucha diferencia con la mayoría de la Justicia boliviana. Quieren tomar decisiones políticas y por eso se sospecha que hubo mucha plata», dijo el presidente Evo Morales, por lo que aseguró: «No acataremos el fallo».
El mandatario, sin embargo, aguarda que otras instancias del Poder Judicial se pronuncien para que el prefecto, acusado de promover la «Masacre de Porvenir», en la que murieron por lo menos 30 personas, no salga de la cárcel. «Una persona con semejantes cargos de corrupción, de nepotismo y genocidio; no es posible que algunos miembros de la Justicia traten de ayudar a un delincuente», agregó.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que se trata de «un fallo ilegal, infundado, que viola el proceso debido y por eso presentamos un amparo constitucional contra los vocales que beneficiaron a Leopoldo Fernández». De acuerdo con la decisión de la Corte, con voto dividido de sus tres miembros (dos a favor y uno en contra), Fernández debería ser trasladado mañana de la cárcel pública de La Paz a Sucre para ser puesto a disposición del fiscal general, Mario Uribe, y ser procesado en un juicio de responsabilidades por su rango de prefecto de Pando, en el norte amazónico del país.
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