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La crisis se desató tras el anuncio presidencial del domingo pasado de un severo ajuste tributario que incluía el descuento de un 12,5 por ciento del salario de los trabajadores.
Pero tras los enfrentamientos de ayer entre grupos policiales amotinados y militares que respondían al gobierno, durante los cuales murieron 17 personas y decenas fueron heridas, Sánchez de Lozada se vio obligado a anular esa medida.
Las siete víctimas de hoy cayeron en distintas ciudades bolivianas, informaron fuentes sanitarias. El primero fue Juan Carlos Castro, un campesino de la localidad de Entre Ríos, en el Chapare, que fue acribillado a balazos mientras participaba de un corte de ruta.
En la ciudad de El Alto se registraron cuatro víctimas, en confusos episodios protagonizados entre manifestantes y uniformados durante saqueos a comercios e industrias.
La enfermera Ana Colque también resultó muerta de un disparo de arma de fuego atribuido a francotiradores militares emplazados en las terrazas de edificios céntricos de la ciudad, mientras auxiliaba a civiles heridos en los disturbios. La doctora Carla Espinoza, quien estaba a su lado, fue herida y se encuentra en grave estado.
Una fuente del Hospital de Clínicas, dijo que la más reciente víctima es Elmer Cahuana, un trabajador, fulminado por un disparo de francotirador en el centro de La Paz, donde fuerzas militares contrarrestan grupos de saqueadores que asaltan comercios.
Cahuana cayó después que la enfermera Ana Colque recibiera un disparo mientras auxiliaba a civiles heridos en los disturbios que conmueven el centro de la ciudad por segundo día.
De acuerdo a las informaciones suministradas por fuentes hospitalarias, son al menos 17 las personas que resultaron heridas de bala y se encuentran internadas con diversos pronósticos.
La Central Obrera Boliviana (COB), apoyada por la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), convocante del paro general, volvió a exigir la renuncia del Presidente, a solo seis meses de haber iniciado su mandato, al responsabilizarlo por la violencia armada de la víspera en La Paz y la vecina ciudad de El Alto.
Tras tildarlo de "incapaz" y "soberbio", la COB propuso concentraciones populares en las nueve principales ciudades del país, donde no se descartan nuevos hechos de violencia y manifestaciones en los funerales de las personas muertas en la víspera.
El líder campesino Evo Morales, principal figura de la oposición en el Congreso, se unió al pedido de dimisión del jefe de Estado y convocó igualmente a un corte nacional de rutas.
"El jefe de Estado pretende dar un autogolpe por vía de la clausura del Parlamento" ante la grave crisis que vive Bolivia, afirmó Morales basado en supuestos informes de "oficiales patriotas" del Ejército.
También ejerce presión la populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), que controla 22 de los 157 escaños del Congreso y que ha exigido la renuncia del presidente.
Sánchez de Lozada debe "buscar salidas constitucionales a la crisis pues la alternativa son más muertos", afirmó el vocero gubernamental Jorge Ritcher, quien aseguró que el Presidente "no piensa renunciar" y convocó a una conferencia a los líderes de los partidos del espectro político y organizaciones de la sociedad civil.
Hasta ahora, sólo la defensora del Pueblo, Ana María Campero, se ha pronunciado por una salida negociada a la crisis que no implique la dimisión presidencial.
En medio de la crisis, Sánchez de Lozada recibió expresiones de solidaridad del papa Juan Pablo II; del titular de la OEA, César Gaviria; del presidente de Perú, Alejandro Toledo; y de los países del Mercosur y Chile, que expresaron su "profunda" preocupación por la situación.
Paralelamente, los policías bolivianos amotinados se negaron hoy a volver a sus actividades, pese a haber firmado un acuerdo con el gobierno y mantienen la exigencia de un incremento salarial del 40 por ciento.
"Hemos cuestionado que el tema salarial no se ha tocado en ningunos de los aspectos. La institución es la peor pagada del país", dijo el suboficial David Cahuana, representante de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía (ANASSCLAPOL).
Cahuana agregó que continuarán con el "acuartelamiento" porque los que firmaron el acuerdo por parte de la policía no eran parte de la comisión que se conformó para que negocie con gobierno. Algo similar sucedió con unos 2.000 policías que continúan amotinados en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, quienes pidieron hoy la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
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