Las presiones para investigar pasadas violaciones a los derechos humanos se multiplican en diversos países, sobre todo en América latina, incluso en algunos en los que leyes de amnistía habían cerrado la cuestión durante un largo tiempo. Más allá del caso de España, que ayer provocó fuerte polémica, la Argentina reabrió el tema en los últimos años en base a la declaración de inconstitucionalidad y de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, mientras en Brasil, Uruguay y Chile algunos sectores plantean seguir un camino similar. Esta es la situación en esos países.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se vio obligado a intervenir personalmente a fines de agosto para zanjar el malestar que se había instalado en las fuerzas armadas a partir de declaraciones del ministro de Justicia, Tarso Genro, quien había cuestionado la Ley de Amnistía de 1979. Por esa norma, las autoridades castrenses y sus víctimas acordaron la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados a cambio del perdón de las violaciones a los derechos humanos producidas entre 1964-1985. Genro provocó una verdadera vendaval político al sugerir la necesidad de reinterpretar esa ley para sancionar a los militares, policías y agentes del Estado que hayan practicado torturas.
«Debemos aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura», dijo Lula cerrando el caso. «Lo más importante no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos», agregó desautorizando a su ministro.
En Uruguay, los sectores más izquierdistas del gobernante Frente Amplio están juntando firmas para forzar la realización de un referendo que dé por tierra con la Ley de Caducidad impuesta hace el final del régimen castrense (1973-1985). Lo hacen en desafío a la postura del presidente, Tabaré Vázquez, que ha respetado la amnistía -ya ratificada por otro referendo en 1989- aunque impuso una interpretación de la misma que permitió la investigación de casos puntuales. El desafío se extremó cuando el senador y ex dirigente tupamaro José Mujica firmó la iniciativa de anulación.
La interna por la candidatura presidencial del Frente Amplio para los comicios de octubre de 2009 se dirimirá entre Mujica y el ministro de Economía saliente, el moderado Danilo Astori, quien cuenta con el apoyo de Vázquez y no quiere derogar la amnistía. Según analistas, la diferencia de criterios en un tema tan sensible sería un dolor de cabeza para el Frente en la campaña, sobre todo ante la posibilidad no descartada de una fórmula conjunta entre Astori y Mujica.
En Chile, en tanto, los jueces son cada vez más proclives a considerar los casos de violaciones a los derechos humanos como hechos judicializables, a despecho de la amnistía impuesta por el pinochetismo. Argumentan que la Constitución ordena velar por el respeto de los derechos humanos, un deber que consideran imprescriptible, por lo que ya han procesado a más de un millar de personas. Sin embargo, otros magistrados aún aplican la amnistía. Ante la disputa jurídica, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley impedía que los crímenes de lesa humanidad y de guerra fueran amnistiados, prescriptos por el paso del tiempo o indultados. Pero la iniciativa naufragó en el Senado a mediados de año por decisión de la oposición de centroderecha, que la calificó de inconstitucional.
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