2 de febrero 2004 - 00:00

Terrorismo: también en Uruguay el FBI revisará exportaciones a EE.UU.

Cofer Black, coordinador de la oficina antiterrorista del gobierno de los Estados Unidos (izq.), saluda a Daniel Scioli en la Casa de Gobierno, junto a los ministros Aníbal Fernández y Gustavo Béliz. Black participó en la cumbre antiterrorista de Montevideo que terminó el fin de semana.
Cofer Black, coordinador de la oficina antiterrorista del gobierno de los Estados Unidos (izq.), saluda a Daniel Scioli en la Casa de Gobierno, junto a los ministros Aníbal Fernández y Gustavo Béliz. Black participó en la cumbre antiterrorista de Montevideo que terminó el fin de semana.
Montevideo - Un control férreo de las mercaderíasque salen de los puertos latinoamericanos, una mejora de la legislación que neutralice el lavado de dinero proveniente del terrorismo, la neutralización de eventuales acciones desestabilizadoras en los países del área de la narcoguerrilla colombiana y acentuar las acciones de Inteligencia sobre la denominada Triple Frontera de la Argentina, Paraguay y Brasil fueron algunos de los principales temas que se abordaron durante las jornadas del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) que concluyó el fin de semana en esta capital.

Pese a que las conclusiones permanecen secretas, se confirmó el adelanto de este diario de que los puertos de Buenos Aires y de Montevideo serán provistos de moderna tecnología manejada por expertos norteamericanos para controlar las mercaderías que se embarcan hacia los Estados Unidos, principal blanco de las organizaciones terroristas luego de la guerra declarada por George W. Bush a Al-Qaeda y a los países árabes que la apoyan como Agfanistán e Irak a raíz de los atentados del 11 de setiembre de 2002 contra las Torres Gemelas de Nueva York. Uno de los favorecidos por la ley de bioterrorismo sancionada en EE.UU. fue el gobierno argentino porque el puerto de Buenos Aires estará dotado de modernas técnicas de control de contenedores bajo manejo de personal norteamericano y financiado por Estados Unidos.

El embajador de ese país ante la OEA, John Maisto, fue categórico al señalar que Estados Unidos es un país que está en guerra y, por lo tanto, no hará excepciones en las medidas de seguridad que aplica a los extranjeros que ingresan a su país al ser consultado sobre el pedido del gobierno brasileño para se exonere a los ciudadanos de los países de la OEA de realizar el fichaje de seguridad y que ha causado polémicas y represalias judiciales.

•Base de datos

«El nuevo programa de EE.UU. tiene que ver con la necesidad de montar una base de información sobre todas las personas que entran y salen de EE.UU. de todos los países del mundo. Hay países que no están incluidos y eso está relacionado con arreglos que tenemos con ciertos países sobre la eficacia de sus propios sistemas de seguridad. Recibimos mucha información de estos países que poseen sistemas modernizados de información que son compatibles», respondió el responsable del Departamento de Estado de manejar las relaciones con los gobiernos latinoamericanos, criticando por elevación las políticas de seguridad de muchos de los miembros de la OEA.

•Preocupación

Preocupa a los norteamericanos las facilidades que existen para entrar y salir de países como Brasil, la Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay para mencionar a la región donde ocurrieron los dos mayores atentados por parte de organizaciones terroristas del fundamentalismo islámico: los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires en los comienzos de los '90.

El triángulo formado por Foz de Iguazú (la Argentina), Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguaçú (Brasil) es toda una preocupación para los servicios secretos norteamericanos por la presunción que allí existen «células dormidas» (comandos de ataque del terrorismo internacional) y bases de financiamiento de sus actividades. A ello se suma el grado de corrupción de las policías y aduanas locales y una legislación permisiva para poder sancionar a crímenes complejos como son los ataques terroristas provistos de una poderosa red de financiación y de inteligencia que desorienta y confunde a los investigadores para terminar sólo sancionando a ladrones de autos y policías corruptos como ocurre con el juicio por el atentado contra la mutual judía en la Argentina.

A Estados Unidos ingresan unos 20.000 containers por día, de los cuales sólo se puede llegar a controlar un tercio.
Por eso la insistencia en instalar en los puertos de origen, un sistema de control mediante el escaneo de esos contenedores que detecte la mercadería que se dirija hacia ese país. Aquel gobierno que no acepte dicha imposición no podrá exportar sus productos hacia Estados Unidos.

•Expertos

Por lo pronto unos 6 expertos norteamericanos con un sueldo que ronda los 10.000 dólares y la más moderna tecnología serán enviados a Buenos Aires mientras que el gobierno uruguayo de Jorge Batlle -trata de diferenciarse de sus colegas Néstor Kirchner (la Argentina) y Luis Inácio Lula Da Silva (Brasil) en el trato con Bush-prometió dotar del mismo sistema al puerto de Montevideo cuando aún no se encuentra asegurada la financiación del nuevo sistema.

De todos modos, Uruguay es el socio más confiable que tiene Estados Unidos en la región y el embajador de ese país,
Martin Silverstein, ejerce una influencia considerable en el sistema político local.

Para mantener ese estatus no escrito pero evidente -no hay que olvidar el salvataje de u$s 1.500 millones que personalmente
Bush le mandó a Batlle para evitar el incendio total del sistema financiero uruguayo en 2002- el uruguayo prometió enviar al Parlamento una ley que controle el lavado de dinero proveniente del terrorismo aunque tratará de que no se roce el secreto bancario para no espantar aun más a los inversores financieros que cautamente tratan de volver a sus bancos. Pero el posible enlentecimiento del comercio con Estados Unidos y el probable impacto económico negativo por dicha demora no son preocupación para la estrategia de seguridad del gobierno de Bush. «Si todos los países se ajustan a los mismos estándares, nadie podrá sacar ventaja comercial y para eso se trabaja en la OEA», dijo a modo de advertencia el secretario Ejecutivo del CICTE, Steven Monblatt, cuando fue consultado por este diario sobre las consecuencias para los países que no acaten estas disposiciones antiterroristas.

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