La Corte Suprema de los EEUU está por establecer su primera legislación sobre la participación de terroristas en plataformas y redes sociales. El órgano deberá revisar el caso de Gonzalez vs. Google, una disputa sobre la rescomendaciones del sitio, y el de Twitter vs. Taamneh, sobre los estándares al encontrar sitios ilegalmente apoyando terroristas.
EEUU legislará la participación terrorista en redes sociales
La Corte Suprema deberá legislar dos casos sobre el contenido de asociaciones terroristas en su plataforma. El resultado podría cambiar el panorama online.
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Estos casos le permitirán a la Corte Suprema cambiar dramáticamente el marco legal del mundo online, no solo para compañías grandes como Twitter y Google sino también a servicios más pequeños que están protegidos por leyes como la llamada "Sección 230" que da inmunidad a las plataformas por el contenido de terceros. Pronto podra unirseles el derecho a moderar los posteos objetables de los usuarios.
El caso de Gonzalez vs. Google incluye uno de múltiples intentos de demandar a Meta, Google, Twitter y otras compañías por no haber suspendido miembros de grupos terroristas. Se plantea que YouTube "permitió con conocimiento" videos de propaganda de reclutamiento del Estado Islámico y los dejó esparcirse por su sistema de recomendaciones, violando leyes contra el material que apoya el terrorismo. La demanda fue realizada por los familiares de Nohemi Gonzalez, una mujer asesinada en un ataque de ISIS en 2015. En la instancia de apelaciones, se concluyó que Google estaba protegida por la Sección 230.
Por otro lado, Twitter vs. Taamneh es un caso similar donde se debe analizar si la Sección 230 aplica a la situación. Plantea que, en la ausencia de protección, los sitios podrían violar el Acta Anti-Terrorismo si suspende formalmente pero no borran adecuadamente el contenido terrorista. Twitter quiere establecer una legislación de la Corte Suprema que marque lo contrario.
Ya hubo un momento, en 2020, cuando la Corte Suprema declinó resolver estas cuestiones. Ahora, la situación podría tener mucha repercusión determinando cuál es el alcance de la protección de las leyes a las plataformas.






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