Tras sus excesos televisados, Bolsonaro teme una ofensiva letal del Supremo Tribunal

Mundo

En el video de una reunión de gabinete, uno de sus ministros llega a llamar "delincuentes" a los jueces y pide encarcelarlos. Tensión por una amenaza golpista de un funcionario militar. El teléfono del presidente, en la mira.

Brasilia - Acorralado tras la difusión del video de la reunión de gabinete del 22 de abril, en la que presuntamente habló de su decisión de cambiar las autoridades de la Policía Federal para evitar que investigaciones “jodan” a su familia y a sus amigos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió ayer a tender puentes hacia el Supremo Tribunal Federal (STF), donde puede jugarse su destino político. En concreto, el mandatario teme que la alta corte tome represalias en su contra después de que, en las imágenes, uno de sus ministros pidiera meter presos a los “delincuentes” del Supremo, y de que el militar que está a cargo de la cartera de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, prácticamente amenazara con disolver el cuerpo ante la posibilidad de que este mande requisar el teléfono del jefe de Estado para periciarlo.

“Bolsonaro evalúa ahora buscar al presidente del STF, Dias Toffoli, para disminuir el malestar y evitar represalias”, dijo ayer el influyente diario Folha de São Paulo.

“El temor es de una eventual reacción de la corte a una crítica hecha por el ministro de Educación, Abraham Weintraub, en la reunión, cuando dijo que mandaría a ‘todos esos delincuentes a la cárcel”, empezando por los ministros del STF, añadió Folha.

La difusión del video de la reunión de gabinete forma parte de la investigación por obstrucción de justicia que el Supremo lleva adelante contra Bolsonaro, acusado por su exministro Sérgio Moro de intentar manipular a la Policía Federal para proteger intereses personales y familiares.

De hecho, las imágenes complicaron al jefe de Estado, quien aparece señalando: “Ya intenté cambiar a la gente de la seguridad nuestra en Río de Janeiro oficialmente y no lo conseguí. Y eso se acabó. No voy esperar a que jodan a toda mi familia, por canalladas, o a amigos míos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad”, dijo. “Va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro”, afirmó dirigiéndose casi a los gritos a Moro, quien renunció dos días después y lo acusó ante el Supremo.

Celso de Mello, el juez del STF que instruye el caso, no solo ordenó la divulgación del video sino que también dio curso a la opinión de la Procuración General sobre un pedido de diputados de izquierda para que se ordene la aprehensión del celular de Bolsonaro, a fin de buscar más pruebas de la denuncia de Moro. Ante eso, el general Heleno difundió una carta en la que “alerta a las autoridades constituidas que tal actitud es un intento evidente de comprometer la armonía entre los poderes y podrá tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”. Para numerosos analistas, casi una amenaza de intervención militar del Supremo. Más tarde, el propio mandatario dijo, al filo del desacato, que de ninguna manera entregará su teléfono a la Justicia.

Los dichos de Bolsonaro no solo parecen confirmar la denuncia de Moro de obstrucción de justicia. Además, el presidente señala que recibe información de inteligencia por vías no oficiales y afirma que su intención es armar a toda la población, según dijo, para evitar que los gobernadores que aplican cuarentenas ante la pandemia de Covid-19 en sus estados, instalen una dictadura. Según sus críticos, eso abre dos nuevos frentes de acusación: el posible uso de una red de inteligencia paraestatal y la supuesta intención de crear milicias adictas.

Ya hay 35 pedidos de juicio político contra Bolsonaro presentados en la Cámara de Diputados.

El video de la reunión ministerial del 22 de abril resultó escandaloso por el tenor de definiciones e insultos del jefe de Estado y de sus funcionarios.

Por ejemplo, Bolsonaro atacó con violencia a los gobernadores de San Pablo, João Doria, y de Río de Janeiro, Wilson Witzel.

“¡Esos tipos quieren nuestras hemorroides! ¡Nuestra libertad! Eso es una verdad. Es lo que esos tipos hicieron con el virus, esa bosta de gobernador de San Pablo, ese estiércol del de Río de Janeiro”.

“¡Por eso quiero que el pueblo se arme, que es la garantía de que un hijo de puta no va a aparecer para imponer una dictadura aquí”.

El ministro de Educación Weintraub también clamó contra las medidas de confinamiento social.

“Estamos perdiendo la lucha por la libertad. Eso es lo que el pueblo grita. No grita por tener más estado, está gritando por la libertad, y punto. Si por mí fuera, pondría a todos esos delincuentes en la cárcel. Empezando por el Supremo Tribunal Federal”.

En tanto, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, instó a aprovechar que la atención mundial está centrada en la pandemia para avanzar en la legalización de actividades agropecuarias y extractivas en áreas protegidas de la Amazonia.

“Tenemos la posibilidad de aprovechar este momento en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en el Covid para ir modificando todo el reglamento y simplificando normas” en ese campo, explicó.

La ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, se sumó al afirmar que fuerzas “criminales” podrían orquestar un etnocidio para acusar a Bolsonaro.

“La izquierda empezó a decir que el coronavirus diezmaría a los pueblos indígenas de Brasil”, dijo Alves, quien después del primer deceso de un indígena fue al estado amazónico de Roraima para conocer personalmente la situación.

“¿Por qué fuimos allá, presidente? Porque recibimos la noticia de que habría una contaminación de origen criminal en la Amazonía, deliberada, hacia los indígenas, para diezmar aldeas y pueblos enteros y acusar luego al presidente Bolsonaro”, señaló sin aportar pruebas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario