De esta forma, el mandatario se libró nuevamente de la responsabilidad de pronunciarse sobre una reforma petrolera por la que en marzo puso su cargo a disposición del Congreso, al que planteó además la convocatoria de elecciones anticipadas, en ambos casos sin mucho afán ni éxito. Desde el sábado, cuando recibió del Congreso el texto legal, Mesa disponía de diez días -hasta el martes próximo- para definir si promulgaba, vetaba u observaba la ley, lo que obligó al Parlamento, en estos dos últimos escenarios, a tomar la palabra.
El texto legal discutido en el hemiciclo impone
El camino para lograr estas metas, que tuvieron el visto bueno de la población en un referendo realizado en 2004, es la manzana de la discordia entre Mesa y el Congreso.
El mandatario defiende una vía moderada, favorable a negociar con las compañías la firma de nuevos contratos adscritos a los cambios de reglas de juego y a la creación de un impuesto progresivo de 32 por ciento que, sumado a la actual regalía o pago fijo a la producción del 18, genere 50 por ciento deseado.
Los parlamentarios quieren que el tributo de 32 por ciento sea inmediato y que tenga la categoría de regalía, y exigen la migración obligatoria de las empresas a la futura reglamentación, lo que es considerado por Mesa como el argumento que conducirá a Bolivia a tener que defenderse en tribunales internacionales.
Ante este panorama, el presidente resolvió el martes hacer una « observación de carácter conceptual» al conjunto de la normativa, opción que en la práctica tiene
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