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Tal como se produjo hace cuatro años, puede resultar electo un candidato que, en los hechos, haya obtenido menos votos que su oponente, pero más electores. Ese es nuevamente un escenario posible. Prueba de ello es que la campaña de los últimos días se centra en estados en los que el equilibrio de fuerzas entre los dos partidos mayoritarios es inestable y donde se halla en juego el máximo número de electores, más allá de cuántos ciudadanos en condiciones de votar los habiten.
Ahora bien, esta «disfuncionalidad» del régimen -explicable con argumentos de orden histórico- no es la única y, tal vez, sea la menos grave. El tiempo ha pasado, las reformas normativas en el plano instrumental han sido muchas, pero la situación es incierta y, por sobre todas las cosas, prima un «halo de desconfianza» en el proceso.
Para tratar de evitar la reiteración de esos viejos problemas y la generación de otros, principalmente vinculados con la masiva participación de electores en un sistema de registro voluntario, se han dictado más normas y más complejas, que establecen los estándares mínimos de seguridad llamadas «urnas electrónicas». No puede perderse de vista, en este tema, que existe infinidad de sistemas que conviven a la vez y que fueron elegidos por autoridades locales. El hecho de que aún dentro de ciertos estados coexistan varios tipos de «urna electrónica» explica que ese «mercado tecnológico» haya florecido de un modo exponencial. También se han modificado las previsiones en materia de financiamiento de las campañas y se han fortalecido sustancialmente los sistemas de control de la identidad del votante.
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