Uribe echó a jefe del Ejército por caso de torturas

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Bogotá (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El gobierno colombiano obligó ayer a renunciar al comandante general del Ejército, general Reynaldo Castellanos, luego de que un informe periodístico ventiló un caso de torturas contra 21 soldados en un centro de entrenamiento.

En su reemplazo Alvaro Uribe designó el general Mario Montoya, jefe militar en una vasta región del norte del país y con amplia experiencia en la lucha antiguerrilla, quien se comprometió a adoptar medidas para evitar casos « vergonzosos». «Tenemos que hacer un frente común y vamos a tomar los correctivos correspondientes. Esto no puede volver a suceder», aseveró.

Según las denuncias de un grupo de familiares reveladas por la revista «Semana», los soldados fueron vendados, sentados en sillas calientes, quemados en el pecho con un hierro para marcar ganado y amenazados con violencia sexual porque no superaron una práctica de entrenamiento en la que participaron 66 reclutas el pasado 25 de enero.

Las víctimas son 21 soldados de una compañía del Batallón Patriotas que había ingresado en el Centro de Instrucción y Entrenamientos (CIE) del Ejército para adiestramiento en la lucha contra los grupos guerrilleros.

En un comunicado, la presidencia anunció que Uribe tomó «la decisión ante la renuncia» de Castellanos, aunque una fuente gubernamental había asegurado que la salida del militar se debió a la molestia del mandatario por haber sido informado tardíamente sobre el caso.

«Ese es un hecho muy grave y el presidente no acepta que no se le haya informado a él y a la opinión pública tan pronto como ocurrió», dijo la fuente tras recordar que mientras las denuncias se conocieron en el interior del Ejército el 27 de enero, Uribe recién se enteró el sábado pasado.

«Esta decisión de mi retiro la asumo porque soy un soldado fiel, totalmente subordinado al poder civil. Doy un paso al lado y enfundo mi espada. Me voy con la frente en alto y con la profunda convicción de haber cumplido con mis deberes», dijo Castellanos al leer una declaración pública.

El presidente Uribe había advertido el lunes que «la fuerzapública y el gobierno tienen que anticiparse con la verdad, no esperar que vengan los medios de comunicación con ganzúa para publicar qué fue lo que realmente ocurrió».

Luego de producido el despido de Castellanos, el general Luis Antonio Coronado, comandante de la IV división (una de las seis en las que está organizado el Ejército) pidió la baja en solidaridad con Castellanos y manifestó su total desacuerdo con la decisión del gobierno.

Por su parte, el fiscal general Mario Iguarán anunció al mediodía que su oficina asumirá la investigación del caso en lugar de la Justicia militar. Esta decisión contó con el visto bueno del ministro de Defensa, Camilo Ospina, quien consideró «fundado y razonable» el traslado del caso a la Justicia penal ordinaria. Iguarán comentó que, en principio, se juzgará a los responsables por los cargos de lesiones personales y abuso de autoridad.

Entretanto, las reacciones del mundo político incluyeron pedidos para que «rueden más cabezas», condenas al Ejército por ocultar la información o expresiones contrarias a aceptar la definición política que se le dio al asunto.

«El presidente en esto siempre se lava las manos. Tiene unos ministros civiles que son unos ineptos y los mantiene ahí, mientras que a los militares les corta la cabeza a cada rato», dijo Antonio Navarro, precandidato presidencial por el opositor Polo Democrático.

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