Uruguay prepara la liquidación de la aerolínea Pluna
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También podría subastar la ruta Montevideo-Madrid que la aerolínea operaba pero que mantenía en suspenso desde 2008 por sus elevados costos.
Mientras se repara el plan, la mayor preocupación de la aerolínea y el Gobierno ha sido solucionar la situación de los viajeros varados por su suspensión, unas 80.000 personas al principio del fin de semana.
De momento, muchos viajeros fueron reubicados en otras compañías después de que el Gobierno uruguayo accediera a pagar los pasajes, si bien otros muchos, particularmente aquellos que aún no habían salido de Uruguay, quedaron en tierra y aparentemente sin posibilidad de recuperar el dinero de sus billetes.
Otro de los debates suscitados en Uruguay se da en torno a la noticia de que la decisión del cierre se debe a la existencia de juicios desarrollados en Brasil por exempleados de Varig -aerolínea quebrada socia de Pluna en los años 90- que exigen millonarias indemnizaciones a la compañía uruguaya como socio superviviente de aquella alianza.
Aparentemente, el Ejecutivo del presidente José Mujica informó a la oposición uruguaya, que mañana tendrá que aprobar su plan sobre Pluna en el Parlamento, que de perder estos juicios el Estado debería pagar hasta 3.500 millones de dólares en indemnizaciones y que por eso convendría liquidar la compañía lo antes posible.
Sin embargo, hoy varios representantes de los partidos opositores comenzaron a dudar de esta versión y negaron que la indemnización que tuviera que pagar Pluna fuera tan elevada, por lo que señalaron que el Gobierno podría tener "otras razones" para el cierre de Pluna.
El pasado 15 de junio, el Gobierno uruguayo anunció un acuerdo con el Grupo argentino Leadgate para una "salida ordenada" de Pluna, de la cual tenía la mayoría de las acciones.
En el mismo acto el ministro de Transporte, Enrique Pintado, informó que las autoridades buscarían un nuevo socio privado, que nunca apareció.
Hasta entonces Pluna estaba participada en un 75 % por la Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO), que a su vez es propiedad de Leadgate, que tiene dos tercios del capital, y la aerolínea canadiense Jazz, que posee un tercio, mientras que el Estado es el dueño del restante 25 % de las acciones.




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