Vacunas y trabajo: se reedita la colisión entre derechos individuales e interés colectivo

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Un dilema tan viejo como la emergencia. Parte de la población de diversos países no quiere inyectarse los nuevos fármacos contra el coronavirus. Tanto en Estados Unidos como en Europa los Gobiernos se desesperan porque eso les impide alcanzar la inmunidad de rebaño.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el nuevo coronavirus se había convertido en una pandemia el 11 de marzo del año pasado, los debates políticos en torno a las medidas de prevención giraron en todos los países en torno al mismo eje: el choque entre derechos individuales e interés colectivo. Eso fue así tanto durante la imposición de cuarentenas más o menos duras o prolongadas, ante cada recomendación de mantener la distancia interpersonal o incluso de usar barbijo y, más recientemente, con el avance de los procesos de vacunación. Estos comienzan ahora a acompañarse con medidas de obligatoriedad en diversos países, lo que abre discusiones tan peculiares como si una empresa o un gobierno tienen derecho a despedir a los trabajadores que rechacen la inyección y, de ese modo, amenacen la seguridad del espacio laboral.

Tantas veces autorreferencial, en la Argentina y en todos lados esas tirrias empollaron una vuelta de tuerca a la exhibición del sentido común de una nueva ultraderecha que declama la primacía de la libertad individual a ultranza como grito de guerra contra los avances en materia de reivindicación de las minorías y como programa de restauración de jerarquías perdidas.

La vacunación masiva recrea aquel dilema, sobre todo cuando el carácter aún experimental de los inmunizantes atiza los temores de muchos y cuando la preferencia por uno u otro se mezcla con prejuicios ideológicos que hacen blanco en Rusia, China o Cuba.

El problema surge porque avance de las campañas choca en muchos lados con esas resistencias e impide alcanzar, como sí ocurrió en Israel y en países o territorios más pequeños, la inmunidad de rebaño que protege a toda una comunidad de la circulación de cierto virus. Dicho umbral se alcanza con una vacunación del orden del 70% de una sociedad, explican los expertos, algo que los núcleos duros antivacunas impiden.

Por caso, al último miércoles, en Estados Unidos había recibido al menos una dosis el 57,7% de la población, en tanto que el 49,8% ya tenía el esquema completo. En Francia, otro país sensibilizado en torno a la cuestión, dichas cifras eran, respectivamente del 59,5% y 45,6%.

En los casos mencionados, la inmunidad de rebaño parece al alcance de la mano, pero no se termina de conseguir. El problema es que la expansión de la variante delta, mucho más contagiosa, amenaza con dar por tierra con tanto esfuerzo si la vacunación no se hace realmente muy vasta, al menos hasta que los fármacos se actualicen para incluirla.

En medio de preocupantes rebrotes en estados del sur, donde la vacunación ha sido más morosa, como Florida, Tennessee, Carolina del Sur, Louisiana y Mississippi, el presidente estadounidense Joe Biden anunciaba al cierre de esta edición la obligación de que los empleados del Gobierno federal reciban la vacuna para poder retornar a sus tareas o que, en su defecto, acepten lidiar con engorros como el hisopado permanente, vigilancia especial sobre el uso de barbijos y distanciamiento y restricciones para viajar, entre otros.

Un interesante artículo publicado por el periodista Eli Rosenberg en The Washington Post listó ayer el rechazo de numerosos sindicatos importantes a la iniciativa, desde las asociaciones federales de policías hasta las de agentes impositivos, pasando por otros de indudable pertenencia progresista y base de apoyo de Biden como los de docentes y personal de la salud. Todos reclaman incentivos salariales en lugar de imposiciones y, en su queja, invocan la violación de derechos civiles, situación que se replica en cada vez más estados y municipios.

La cuestión permea también en el sector privado, en el que empresas como Google y el propio The Washington Post han hecho punta al advertir que no vacunarse podría ser causal de despido.

Al respecto, en Francia, donde decenas de miles de personas ya salieron a las calles en protesta contra el llamado “pase verde” que privilegiará a los vacunados para asistir a bares, restaurantes, cines, teatros y estadios y para viajar, el Gobierno de Emmanuel Macron hace oídos sordos y avanza. Y lo hace a tal punto que solo el límite que le impuso el Parlamento evitó que se habilitara el despido libre de no vacunados en empresas privadas.

Sin embargo, el diablo está en la letra chica. “Eso no quiere decir que no va a haber despidos, sino que el tema quedó menos definido”, dijo la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne.

La pelea recién comienza y no tardará en llegar a este confín del mundo.

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