La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a la oposición en Venezuela definirá antes de julio próximo en el seno de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), en el que tendrá mayoría a partir de enero, "una solución constitucional para el cambio de gobierno" de Nicolás Maduro, anunció uno de sus principales dirigentes.
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La coalición opositora se propone "procurar dentro del lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del gobierno", afirmó Henry Ramos Allup en un artículo publicado en el diario Nuevo País.
Ramos Allup, de 72 años, es secretario general del tradicional partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) y uno de los más firmes candidatos a presidir la AN a partir del 5 de enero próximo.
El objetivo formar parte de los "acuerdos suscriptos y ratificados por todos quienes integramos" la MUD y esos pactos "se mantienen vigentes e incólumes, y vamos a honrarlos", subrayó Ramos Allup.
El dirigente explicó que de ese modo salía al paso de "comentarios insidiosos" según los cuales la MUD alberga a "grupos antagónicos".
Pese a la afirmación de Ramos Allup, diferencias dentro de la coalición se hicieron evidentes en más de una oportunidad, sobre todo a partir de la muerte del presidente Hugo Chávez a comienzos de 2013.
En la coalición, que reúne a 28 partidos, desde marxistas a liberales, coexisten básicamente dos corrientes: una, mayoritaria, que es partidaria de procurar el fin del chavismo con absoluto apego a las normas constitucionales, y la otra, más pequeña pero por momentos más notoria, que postula "la salida" del gobierno como objetivo prioritario.
Esa diferencia quedó de manifiesto a comienzos de 2014, cuando el grupo minoritario liderado por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado promovió protestas cotidianas que se extendieron entre febrero y junio, y en cuyo contexto se registraron disturbios que dejaron 43 muertos, 873 heridos y cerca de 200 denuncias de violaciones de derechos humanos, según datos oficiales.
Como consecuencia de esos hechos, el gobierno encarceló a cerca de 80 opositores -entre ellos, López y Ledezma- y destituyó a Machado como diputada.
La última prueba de esas diferencias ocurrió ayer, cuando el padre de López criticó duramente al gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales referentes del mayoritario sector "legalista" de la MUD.
"Cuando leo a Capriles declarar que la nueva Asamblea no debe plantearse ?la salida segunda parte? porque ?la salida? se cuenta entre los grandes fracasos nacionales, le doy gracias a Dios de que él es solo gobernador de estado y no un nuevo y valiente diputado", dijo Leopoldo López Gil.
No obstante, el mismo Leopoldo López admitió implícitamente el fracaso de "la salida" al manifestar, en una entrevista publicada el domingo pasado por diarios de 10 países de América latina, que "Maduro debe salir antes de 2019" y "para lograrlo existen mecanismos constitucionales".
También de manera implícita coincidió con él Capriles al decir días atrás que "hay que salir por la vía constitucional de este desastre lo más pronto posible", aunque hoy advirtió que "se requiere mucha madurez política para afrontar lo que viene" porque "el país no está en condiciones de mantener y profundizar una confrontación política".
Mientras tanto, dos encuestas privadas divulgadas revelaron que más de 60 por ciento de los venezolanos desea que cambie el gobierno del país, ya sea a través del relevo de Maduro o de una modificación sustantiva de la política económica.
De acuerdo con el sondeo de la firma Datincorp, 62 por ciento opina que "hace falta cambiar de gobierno para que se solucionen los problemas del país".
En tanto, según el trabajo de Venebarómetro, a 82,9 por ciento le "gustaría" un "cambio en la conducción del país", aunque solo 47,5 por ciento se manifestó partidario de que Maduro "saliera inmediatamente de la presidencia" y 24,7 por ciento prefiere que "se mantuviera en el poder pero cambiara el modelo económico".
Asimismo, según Datincorp, 74 por ciento cree que la situación del país es "mala" o "pésima" y 56 por ciento, que los venezolanos "perderán la paciencia" ante "la inseguridad, la inflación y la escasez de productos de primera necesidad".
Al mismo tiempo, 75 por ciento evalúa negativamente la gestión de Maduro y solo 24 por ciento la aprueba.
Entre las prioridades de la próxima AN, 31 por ciento opinó que debe reformar las leyes económicas; 21 por ciento, convocar a un referendo revocatorio del mandato de Maduro, y 18 por ciento, ordenar la libertad de los cerca de 80 opositores presos.
La Constitución de Venezuela admite la posibilidad de revocar los mandatos de elección popular una vez que haya transcurrido la mitad de cada uno de ellos.
Para convocar a un referendo revocatorio debe reunirse una cantidad de firmas equivalente a 20 por ciento del padrón y para revocar efectivamente el mandato debe obtenerse en el referendo al menos la misma cantidad de votos con que el funcionario fue elegido.
Maduro fue electo el 14 de abril de 2013 con 7.587.532 votos para completar el período de seis años iniciado el 10 de enero de ese año por el fallecido Hugo Chávez, por lo que a comienzos de 2016 correrá el plazo constitucional para juntar las firmas para el eventual referendo.
