Caracas (EFE) - La inseguridad, aun más que el desabastecimiento de productos de primera necesidad, la inflación y el autoritarismo, sigue siendo el mayor problema para los venezolanos. Sobre todo cuando el número de homicidios creció más de 10% en lo que va del año, ante la inacción de las autoridades.
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La organización humanitaria Provea informó ayer que entre enero y setiembre pasados fueron asesinadas en el país «9.567 personas», 10,28% más que en el mismo período del año anterior.
La organización defensora de los derechos humanos vaticinó que las muertes violentas seguramente cerrarán este año por encima del total de 2006, cuando se registraron «12.257 homicidios» en el país, publicó ayer el diario «Ultimas Noticias», de Caracas.
Crítica
El dato estadístico de asesinatos fue divulgado por el Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el encargado de esa sección del documento de Provea, agregó el diario.
El portavoz de Provea, el abogado Marino Alvarado, confirmó ayer en una entrevista con la cadena privada de noticias «Globovisión» la cifra de «9.567 asesinatos» en los primeros nueve meses de este año, y criticó la inacción del gobierno de Hugo Chávez frente al problema de la inseguridad.
«Ante esta situación, realmente la indiferencia del gobierno es sorprendente (...) Estamos en una situación de verdad bastante grave», agregó Alvarado.
La policía judicial venezolana (CICPC) informó en octubre que entre enero y setiembre pasados se registraron en el país «9.568 homicidios», la mayoría a tiros, unos 852 más que en igual período de 2006.
En 2004, 9.719 personas fueron asesinadas en Venezuela, según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citados por medios locales.
La inseguridad es el principal problema del país, por encima del desempleo, la corrupción y la falta de vivienda, según han coincidido la mayoría de las encuestas realizadas en el transcurso de este año.
En su informe anual, Provea insistió en la necesidad de concretar un desarme de la población civil, ya que «sin ser identificada como una causa de violencia», la tenencia de armas por parte de civiles «sí representa un factor de riesgo o precipitante pues incrementa la probabilidad de resultados letales en cualquier tipo de conflicto violento».
La organización humanitaria venezolana precisó, además, que entre enero y setiembre pasados «1.153 personas murieron por resistirse a la autoridad», más que en el mismo período de 2006, cuando por esa causa fallecieron «1.125 personas».
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