Entre Ríos cuestiona "mala fe" de bonistas y confirma que litigará "hasta las últimas instancias"

Duro comunicado de la administración de Gustavo Bordet contra el grupo de acreedores que ayer presentó una demanda ante tribunales internacionales por el no pago de un cupón de intereses por u$s 11,9 millones.

Gustavo Bordet

Gobierno de Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos rechazó el proceso judicial iniciado ayer por bonistas ante tribunales de Nueva York por el incumplimiento del pago de intereses por u$s 11,9 millones, en el marco del plan de renegociación de su deuda por un monto de alrededor de u$s 500 millones abierto en 2020 y aseguró que "ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda".

"Lamentamos que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios", subraya la administración de Gustavo Bordet a través de un comunicado.

"También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores", agrega.

La causa fue presentada por un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP, ante la Corte Federal de Manhattan.La deuda que reclaman correspondería al pago de intereses de los US$ 500 millones en bonos con vencimiento en 2025 que la provincia de Entre Ríos tiene en circulación y que pretende reestructurar.

Esta es la primera demanda que enfrenta una provincia ante tribunales extranjeros desde que once de ellas iniciaran procesos de reestructuración el año pasado. De ese total, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro fueron hasta el momento las que pudieron cerrar un acuerdo con sus acreedores.

Entre Ríos inició su proceso de reestructuración a principios de septiembre, luego de que venciera un pago por US$ 22 millones en intereses que la provincia no realizó el 8 de agosto, cuando originalmente vencía el pago.

La propuesta que hizo la provincia a sus acreedores fue la de reducir los pagos de cupón de intereses los próximos años y que la amortización de la deuda, pactada inicialmente para 2023, 2024 y 2025, se amplíe hasta 2028.

"Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos", explica el gobierno de Entre Ríos.

"A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020", sostiene.

"La Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–, su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión. La variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias", precisa.

"Una proyección a mediano plazo muestra una prolongación indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar gastos en salud, asistencia social y seguridad", añade el comunicado oficial.

"Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de circunstancias atípicas", enfatiza.

"El 4 de enero de 2021, tomamos conocimiento por los medios de prensa del supuesto inicio de una demanda por parte de un grupo de acreedores, tenedores del 54% del total de la deuda emitida, que tiene por objeto el cobro de los intereses vencidos, por un monto cercano a los 12 millones de dólares. Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo", agrega. Y subraya que, en caso de ser notificada de tal demanda, "la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda".

Por último, el comunicado sostiene que "la Provincia continuará trabajado sin descanso y haciendo sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población, incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los procedimientos legales que correspondan".