El fideicomiso Fidulac, acreedor de SanCor y cercano al grupo empresario liderado por el rosarino Gustavo Scaglione, presentó un recurso para revocar el pliego de licitación aprobado por la Justicia.
La resolución firmada por Gelcich estableció una base total de u$s52,1 millones para aquellos interesados en ofertar por el conjunto de los activos de la cooperativa.
La venta de los activos de SanCor, valuados por la Justicia en u$s52,1 millones, sumó un nuevo actor y amenaza con abrir otro frente judicial. Un grupo empresario cercano al rosarino Gustavo Scaglione, interesado en adquirir la cooperativa en forma integral, cuestionó el esquema de licitación aprobado para la empresa quebrada y pidió suspender el proceso por considerar que favorece la fragmentación de la compañía.
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El planteo fue formalizado por el fideicomiso Fidulac, acreedor de la quiebra y presidido por el propio Scaglione, que presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria para dejar sin efecto la resolución del juez Marcelo Gelcich que aprobó el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos. Además, solicitó la suspensión inmediata de la licitación.
La presentación sostiene que las decisiones adoptadas respecto de la realización de los bienes "inciden de manera inmediata y directa sobre las posibilidades de satisfacción de los créditos concurrentes y sobre la preservación del valor económico del activo". Asimismo, advierte que la continuidad del proceso podría generar consecuencias "de muy difícil o imposible reversión".
Fuentes cercanas al grupo empresario señalaron a Ámbito que la apuesta es por una solución integral para la cooperativa. "Hoy el principal atractivo económico de SanCor es su marca, pero el desafío es preservar una estructura productiva que permita sostener el negocio en el tiempo. La intención es mantener integrada la operación y no limitarse a la adquisición de activos aislados", explicaron.
Desde ese espacio también expresaron reparos sobre los tiempos del proceso. Según señalaron fuentes cercanas al grupo empresario, el cronograma licitatorio avanzó con una velocidad inusual y sin que, a su entender, se agotaran instancias previstas para la intervención de los acreedores. "Entendemos que todavía existen cuestiones procesales pendientes que deberían resolverse antes de avanzar con la adjudicación de los activos", sostuvieron.
La resolución firmada por Gelcich estableció una base total de u$s52,1 millones para aquellos interesados en ofertar por el conjunto de los activos de la cooperativa.
Sin embargo, el dato que más llamó la atención en el mercado es que las marcas y bienes intangibles fueron valuados en u$s24,7 millones, es decir, prácticamente la mitad del valor total de la compañía. El resto corresponde a las seis plantas industriales y otros activos distribuidos entre establecimientos ubicados en Santa Fe y Córdoba.
En el sector reconocen que el principal atractivo económico de SanCor sigue siendo su marca, una de las más tradicionales y reconocidas de la industria alimenticia argentina. Pero para Fidulac, el valor de la compañía aumenta si se preserva la unidad productiva.
"La empresa como unidad productiva presentará un mayor valor que las unidades que la integran consideradas en forma separada", sostiene el recurso.
Según fuentes consultadas, una planta industrial asociada a una marca consolidada genera mayores incentivos para invertir, ampliar producción y sostener puestos de trabajo. "Si la compañía se fragmenta, se reducen las posibilidades de preservar la actividad y el empleo", afirmaron.
Además de cuestionar el esquema de venta, Fidulac denunció presuntas irregularidades en el procedimiento que culminó con la aprobación del pliego licitatorio. El escrito sostiene que la resolución fue dictada "sin sustanciación previa ni posibilidad de contradicción por parte de los interesados" y cuestiona que el proceso se haya desarrollado sin la intervención efectiva de los acreedores.
También denuncia la ausencia del Comité de Acreedores, órgano previsto por la Ley de Concursos y Quiebras para supervisar este tipo de actos, y sostiene que la aprobación del pliego se produjo "prescindiendo de los mecanismos de control que la propia Ley de Concursos y Quiebras prevé para resguardar los intereses de los acreedores".
Otro de los cuestionamientos apunta al funcionamiento de la sindicatura plural designada para la quiebra. Según el recurso, uno de los síndicos habría quedado excluido de la elaboración del pliego y de las actuaciones vinculadas con la enajenación de los activos, lo que habría neutralizado uno de los principales mecanismos de control previstos para un proceso de esta complejidad.
Asimismo, el recurso advierte que los antecedentes técnicos y tasaciones utilizados para diseñar la licitación no fueron sometidos al control de los acreedores ni incorporados al expediente de manera que permitieran ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
También cuestiona la reducción del 20% aplicada sobre la valuación de la planta de Sunchales luego del incendio registrado en junio. Según la presentación, no existiría en el expediente un nuevo informe técnico que justifique específicamente esa rebaja ni constancias suficientes sobre el alcance de los daños sufridos por el establecimiento.
La presentación judicial deja planteada una discusión de fondo sobre el futuro de SanCor: si la histórica cooperativa será liquidada mediante la venta fragmentada de sus activos o si todavía existe margen para preservar una estructura empresaria integrada.
Mientras la Justicia avanza con el cronograma de venta y distintos jugadores del sector analizan participar de la compulsa, el grupo empresario cercano a Gustavo Scaglione busca posicionarse como una alternativa para mantener articuladas las marcas, las plantas y la operación industrial.
La definición de esa puja podría marcar no sólo el futuro de SanCor sino también el alcance de la recuperación del empleo y la actividad en una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.