La pandemia, los impuestos, el trabajo y un necesario plan integral de recuperación

Novedades Fiscales

En nuestro país, y no solo por el Covid-19 o tal vez a partir del mismo que ha dejado más a la vista la profunda crisis que se padece, habrá que consolidar un minucioso plan económico, encarar reformas tributarias y laborales de forma gradual y sostenida.

Hemos oído hablar últimamente de la llamada “peste negra” que produjo efectos trágicos en la Europa del medioevo, entre otros diezmar la mitad de la población del viejo continente.

En aquella época Inglaterra se encontraba en guerra con Francia y requería grandes ejércitos para sus campañas, lo cual generaba una gran demanda de dinero, y en Inglaterra esto significó más impuestos para una población reducida.

Al Parlamento del joven Ricardo II se le ocurrió la innovadora idea de aplicar impuestos punitivos en las recaudaciones en 1377, 1379 y 1380, lo cual produjo enormes disturbios sociales, dando cuerpo a “la revuelta de los campesinos de 1381”.

1| Una idea conocida

Esta revuelta, la más grande jamás vista en Inglaterra, se produjo como consecuencia directa de los brotes recurrentes de la peste y los intentos del gobierno de reforzar el control sobre la economía y perseguir sus ambiciones internacionales, eligiendo como opción para mejorar sus arcas, el aumento impositivo. Como vemos, no es una idea original el recurrir al aumento de los tributos para resolver la escasez de recursos públicos.

En nuestro país, y no solo por la pandemia o tal vez a partir de ella que ha dejado más a la vista la profunda crisis que padece, es necesario a partir de un plan integral de recuperación, soportado por un minucioso plan económico, encarar reformas tributarias y laborales a implementar en forma gradual y sostenida en un plazo por ejemplo de cinco años.

Resulta importante incluir en este necesario ordenamiento fiscal, que pueda ser punto de partida, “un blanqueo y una moratoria” (incluyendo un blanqueo laboral), soportado en dos cuestiones claves:

a) federalismo fiscal y distribución eficiente de potestades tributarias (descentralización y la mayor correspondencia posible);

b) reforma tributaria en los distintos niveles jurisdiccionales, tendiendo a un sistema tributario dirigido a la eficiencia, a evitar las distorsiones y las sobre-imposiciones, con potencial recaudatorio suficiente para el nivel de gasto planificado; el cual se ubicará en la línea de lo “soportable” y tendrá una aplicación el verdadero impacto redistributivo, tal como la mayoría de los sectores políticos suelen proclamar.

Esta política debe tener como objetivos, entre los principales a:

Una reducción sustancial de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, enfocándose en los denominados impuestos “distorsivos”, y simultáneamente una agresiva legislación laboral destinada a generar nuevos puestos de trabajo, y que fomente una acción destinada a capacitar a la población económicamente activa, reduciendo la presión fiscal y el costo laboral.

En la actualidad existen 166 tributos: 41 nacionales, 39 provinciales y 85 tasas municipales.

El ingreso del Estado a nivel nacional en el año 2019 estuvo compuesta por: a) Impuestos 65,4%, b) DEX (Derechos de exportación e importación) 11,2% y Aportes a la Seguridad Social 23,4%.

La recaudación impositiva a su vez estuvo soportada por: el Impuesto a las Ganancias 21,8%, el IVA 30,5% y el Impuesto al cheque 7%.

Ampliar la base de aportantes, dado que el nivel de evasión fiscal en la Argentina es demasiado elevado: 40% y la informalidad laboral alcanza al 45%.

En Chile la evasión fiscal alcanza al 20% y en los países desarrollados el 16,4%, en consecuencia si se redujese a la mitad buena parte del problema estaría resuelto. Ello trae como consecuencia una:

Excesiva presión fiscal: 36 por ciento s/PBI.

Carga tributaria contraria a la inversión.

Mala recaudación de impuestos progresivos.

Evasión en cadena: se evade el Impuesto a los Ingresos Brutos y en cadena el IVA y genera el ahuecamiento en la recaudación del IGA.

En el aspecto laboral, el problema no va en zaga, la informalidad es muy elevada:

El empleo registrado alcanza a diciembre de 2019 al 55% (del cual 16% es pobre), el no registrado está compuesto por 22% de informales (43% es pobre) y 23% cuenta-propista.

Lo más grave es que estas cifras son precuarentena, con lo cual tanto las mismas tanto fiscales como las laborales a la fecha son inmensamente peores.

Recrear una sólida política de estímulos a los contribuyentes cumplidores, y a las empresas generadoras de empleo.

Garantizar una efectiva y real estabilidad fiscal y laboral, con fuerte estímulo a la inversión productiva, tanto interna como externa.

Dictarse la normativa que honre los compromisos incumplidos y que esté alineada a los tiempos que corren (dictado de una nueva Ley de Coparticipación Federal, el restablecimiento de un Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias, etc.)

Dictarse una moratoria fiscal y laboral, que permita a todas a las empresas e individuos, reconstruirse luego de años de recisión y de los efectos devastadores de la cuarentena, incluyendo el blanqueo de capital que se acaba de anunciar.

Un futuro sin moratorias ni blanqueos: dictadas estas medidas, debe “tirarse” la llave al río, no puede un sistema tributario sano y moderno, sostenerse con una política que cada dos o tres años, premia a los contribuyentes que evaden y castiga a los cumplidores.

Podríamos sintetizar las críticas a los blanqueos en las de dos tipos:

a) las de tipo ético.

b) las de tipo instrumental.

Las del primer tipo, tienen que ver con la inevitable injusticia que emerge respecto de quienes cumplen con todas las normas internas del país, en las distintas áreas que hacen al comportamiento económico (entre ellas la tributaria).

Las de tipo b) se vinculan más con la expectativa de viabilidad. O sea el posible éxito o fracaso que pueda tener. Es razonable el planteo en la medida en que el Estado ha incumplido repetidamente “acuerdos” con sus ciudadanos (y contribuyentes), no escapando los blanqueos a esa regularidad perniciosa.

No podría faltar en el análisis, el gasto público, que en las últimas décadas no ha dejado de crecer, alcanzando a diciembre de 2019 medido en términos del PBI el 40,5%, lo cual hace inviable cualquier modelo de país, piénsese que en promedio desde 1961 a la fecha, el Estado ha financiado con recursos genuinos el 85% del gasto, financiando la diferencia con el impuesto a la inflación y con endeudamiento interno y externo, tema sobre el cual no hace falta comentarios adicionales, negociación de la deuda externa de por medio.

2| Un gasto que sea viable

Finalmente y en relación al gasto público, el Gobierno deberá centrarse en viabilizar reasignaciones inteligentes del mismo, que incluyan eliminaciones de gastos superfluos, reducción de filtraciones en los sistemas de transferencias y subsidios, combate a la corrupción en las compras públicas y la equiparación de los salarios del sector público a los privadas. En la región estas ineficiencias del gasto público representan en promedio según un estudio de la CEPAL el 4,4% del PBI regional.

Es probable que muchos digan que es imposible, por diversas razones muy valederas, generar un cambio estructural que modifique el derrote de la nación, pero resulta muy difícil imaginarse un provenir, donde el accionar de la sociedad y sus gobernantes sea insistir en errores tan serios y graves, que puede producir en el corto plazo ganancias para algunos (fuerte concentración del ingreso) y elevadas pérdidas para la mayoría, pero que finalmente el deterioro sistémico del país alcanza a todos los que somos sus habitantes, sin distinción de credo ni de raza.

(*)Tristán & Asociados

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