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Para reducir drásticamente la pobreza que afecta hoy a más de 45 por ciento de la población y la indigencia (definida como la insuficiencia de ingresos propios para acceder a la canasta básica de alimentos) que padece 22 por ciento, el arma principal es la pronta y vasta generación de fuentes de trabajo que produzcan bienes y servicios que encuentren compradores en el país y el exterior dispuestos a pagar por ellos precios remunerativos, pudiendo así elevar el poder adquisitivo de los salarios, cuyo nivel mínimo debería permitir comprar la canasta básica de alimentos con no más de 40 por ciento de su valor, principio básico de justicia social que tuvo vigencia en todos los gobiernos peronistas entre 1946 y 1999.
Sé que la catástrofe social que provocó la devaluación llevó a apelar a la solución precaria, parcial y de emergencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar, a través del cual se paga un magro subsidio a una parte de la población desocupada, pero conviene precisar que lo que arriba proponemos no es la ausencia de trabajo y el trabajo improductivo o de baja productividad que se sustenta con ese programa.
De hecho, esto es lo que se viene haciendo o intentando hacer para remontar la crisis en la que nos vimos sumidos en el último quinquenio y el resultado es que, aun con la tasa de crecimiento que tuvo el Producto Bruto Interno (PBI) en el último año, no se redujeron de forma efectiva los altos niveles de desempleo, pobreza e indigencia que tiene el país, con lo que esos planes y programas no pasan de ser iniciativas asimilables a la laborterapia (en los mejores casos) o instrumentos del clientelismo político (en los peores).
Así se constata en el hecho que haya hoy 90 por ciento más de pobres, casi 4 veces más de indigentes y 55 por ciento más de desocupados que los que había en 1998, según surge al comparar las cifras oficiales actuales con las de entonces.
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